En México, la inseguridad está a la orden del día, y es algo a lo que los ciudadanos ya viven acostumbrados; deben dejar su temor de lado para poder realizar sus actividades diarias, pues no hay otra opción. Aunque los mexicanos han tratado de vivir entre la inseguridad, el miedo de tener un futuro incierto, existe.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) presentó recientemente los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), los cuales revelan la percepción de los ciudadanos sobre la inseguridad pública y en qué lugares se sienten más expuestos a la delincuencia.
Según el Inegi, la percepción de inseguridad por temor al delito entre la población mexicana urbana registró una disminución trimestral y anual en el tercer trimestre de 2021; sin embargo, una de cada tres personas prevé que la delincuencia en su ciudad no cambiará.
De acuerdo con los resultados del trigésimo segundo levantamiento de la ENSU, en la primera quincena de septiembre de 2021, cerca de 64.5 por ciento de la población de 18 años y más consideró que es inseguro vivir en su ciudad.
“Este porcentaje representa un cambio estadísticamente significativo con respecto a los registrados en septiembre de 2020 y junio de 2021, cuando la sensación de inseguridad fue de 67.8 y 66.6 por ciento, respectivamente”, destacó el Inegi.
Pero, pese a esta disminución, la percepción de inseguridad permaneció mayor en el caso de las mujeres con casi siete de cada 10, mientras que para los hombres fue de 58.8 por ciento.
En septiembre de 2021, el 34.6 por ciento de los jóvenes de 18 años y más residentes en las ciudades de interés, consideró que en los próximos 12 meses la situación de la delincuencia en su ciudad seguirá igual de mal, lo que representa un cambio al alza estadísticamente significativo de 1.4 puntos porcentuales respecto a septiembre de 2020, en donde se registró 33.2 por ciento.
Por otro lado, dos de cada 10 personas de la población declaran que la situación empeorará en los próximos 12 meses, lo que representa un cambio a la baja estadísticamente significativo de 8.6 puntos porcentuales respecto de septiembre de 2020, en donde se registró 33.4 por ciento.
La magnitud de la crisis de inseguridad y violencia que enfrenta el país contribuye a agravar los problemas relacionados con el acceso a la justicia y la protección de los derechos de las víctimas, lo que se traduce en nuevos ciclos de impunidad.
Para reducir la inseguridad que tanto daño hace a la vida pública en México, es necesario fortalecer las capacidades de las instituciones de seguridad y justicia y vincularlas a procesos de rendición de cuentas. En los hechos se percibe una tendencia peligrosa, tanto a nivel federal como estatal, a reivindicar penas más fuertes y prisión preventiva oficiosa como una supuesta solución a la crisis de inseguridad y violencia que sufre el país. Esto tampoco acabará con el problema, incluso aun cuando la Guardia Nacional (GN), esté en las calles realizando labores policiacas.
Por el contrario, esto puede generar nuevos ciclos y pactos de impunidad e injusticia, mayor inseguridad por parte de los conciudadanos.
Además, los diferentes estudios y reportes generados desde la academia y organizaciones de la sociedad civil, independientemente de sus diferencias metodológicas, coinciden en la importancia de analizar la impunidad en México como un tipo de disfunción institucional que erosiona el funcionamiento del Estado y dificultan una respuesta más efectiva ante la crisis de inseguridad y violencia.
Entre las coincidencias que los estudios solicitan señalar, destacan: 1) bajo cualquier metodología en que se mida la impunidad, el promedio de desempeño de los estados tiende a ser mediocre y con tendencia a niveles de alta impunidad; 2) por lo general la mayoría de los estados suelen ubicarse en posiciones negativas con relación al promedio de impunidad nacional; 3) los niveles de impunidad suelen tener relación con la existencia de cifras negras altas, extremadamente alta (menos del 10% de los delitos se denuncian), así como con capacidades institucionales y humanas muy limitadas para garantizar una investigación efectiva ante los pocos delitos o violaciones a derechos humanos que suelen denunciar; 4) incapacidad de las autoridades federales y estatales para garantizar condiciones de seguridad y justicia, lo que retroalimenta la desconfianza de los ciudadanos en sus instituciones, reforzando la tendencia a no denuncia; 5) condiciones de impunidad generalizada y pactos de impunidad entre políticos que retroalimentan los ciclos de inseguridad y violencia, complicando la capacidad de las instituciones para garantizar acceso a la justicia y protección a las víctimas.
Así pues, vemos que son muchas las carencias las que existen en el país en materia de seguridad y el presidente sigue dando discursos de que todo va bien, aunque ya vemos los datos otorgados por el Inegi, que demuestran que esto no es así, que inclusive se ha agravado la situación. Entonces, si el gobierno se niega a ver esta dura realidad, muy difícilmente se podrán tomar medidas al respecto; se podrán cambiar los nombres de planes pactados con anterioridad para combatir la inseguridad por nuevos entendimientos para “erradicarla”, pero si la solución no va más allá de un cambio de nombre, la situación no solo no mejorará sino puede costarles el futuro a millones de mexicanos.
0 Comentarios:
Dejar un Comentario