"Lo más revolucionario que una persona puede hacer es decir siempre en voz alta lo que realmente está ocurriendo"- Rosa Luxemburgo
Esta cita, que parece tan simple, en realidad, actualmente cobra mucha fuerza en torno a la situación complicada que conlleva decir y demostrar lo que pasa en nuestro México y, especialmente, en Oaxaca.
En ambos casos, el discurso que manejan quienes ostentan el poder, describe un ambiente en el que los ciudadanos vivimos en “paz” y “bienestar”, sin embargo, la realidad que siempre se impone ante todo, nos lleva a denunciar lo que pasa, y eso es, el clima de inseguridad que permea y no debe tomarse como algo a la ligera, sobre todo, porque entre más pasa el tiempo, la situación se agrava y las soluciones concretas ni siquiera se visualizan.
En esta ocasión, me referiré a Oaxaca, porque aunque seguramente hemos escuchado noticias sobre marchas de colectivos que se suman a exigir justicia y seguridad para las mujeres en el estado, poca relevancia se le ha tomado debido a la escasa “relevancia que tienen los casos”. Contrario a ello, considero que a estas alturas, existen datos escalofriantes sobre la situación que guarda este problema. Por ejemplo, de acuerdo al reporte que emite la Defensoría de Derechos Humanos por la Justicia A.C. tan solo de 2017 a 2022 en la capital oaxaqueña se presentaron 581 denuncias por desapariciones de mujeres con lo que se posiciona como la incidencia más alta de esta categoría, respecto a la media nacional que es de 320 casos presentados.
Además, durante los últimos 6 años, las denuncias de desapariciones de mujeres se han concentrado en los municipios del Distrito del Centro de Oaxaca, representando en promedio el 34.2% de los casos totales, lo anterior, de acuerdo con los reportes de la Dirección de Personas No Localizadas (DNOL) de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO). Según el reporte, el número de denuncias de esta categoría de violencia contra las mujeres ha ido en incremento constante, por ello, la propia ONU Mujeres señala que "las desapariciones forzadas en México constituyen una de las principales violaciones contra los derechos humanos", y enfatiza que “el 25% de las personas desaparecidas son mujeres”. Es de señalar que este organismo hizo su corte en noviembre de 2022, al tiempo que la Comisión Nacional de Búsqueda tiene registradas a 27 mil 409 mujeres desaparecidas y no localizadas nivel nacional.
Por otra parte, datos recientes arrojados por la Plataforma de Violencia Feminicida de Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, durante los primeros dos meses del Gobierno de Salomón Jara, es decir del 1° de diciembre de 2022 hasta el 7 de febrero del 2023, se han cometido 26 feminicidios en Oaxaca. Del total, en 23 de los casos la edad de la víctima se conoce y en solo 3 casos no fue especificada en los registros. Esta investigación se respalda también con datos recabados por el Centro de Documentación del Grupo de Estudios sobre la Mujer “Rosario Castellanos” (GESMujer), quien documentó de los 21 casos de feminicidios a inicios de la administración de la “primavera oaxaqueña”, ocho tuvieron registro en Valles Centrales, cuatro en la Costa, cuatro en el Istmo, dos en la Cañada, dos en Papaloapan y uno en la Sierra Sur.
Sin embargo, pese a todo lo narrado y demostrada la ola delictiva, en “acciones contra la violencia hacia las mujeres por razón de género”, el Congreso de Oaxaca aprobó una reducción total de tres mil 762 millones 413 mil 158 pesos a diversas dependencias, para este ejercicio fiscal 2023, con lo que la evolución del presupuesto destinado para la política de Igualdad de género y atención a la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres y sobre la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en Oaxaca -expuesta por el Centro de Estudios de las Mujeres y Paridad de Género- indica que el monto asignado es de 15 mil 481 millones 325 mil 456.72 pesos.
A raíz de lo anterior, colectivos en defensa de los derechos de las mujeres señalan que el aumento de la violencia -en gran medida- se da ante la impunidad a los hechos, los cuales cuando se investigan no se hacen con perspectiva de género; y, en lo que corresponde al apoyo de instituciones primordiales, es un suicidio el ajuste al recurso, pues por ejemplo, en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana se aplicó una reducción de 163 mil 552 pesos. El documento indica que por el programa “Oaxaca Seguro” decreció y pasó de dos mil 200 millones 497 mil 104.31 pesos a dos mil 21 millones 662 mil 572.24 pesos, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca pasó de 330 millones 471 mil 714.68 a un millón 955 mil 83.90 pesos, es de decir, 328 millones 516 mil 631 pesos menos y, el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado quedó con 19 millones 142 mil 151. 74 pesos, eso es 745 mil 278 pesos menos. Así como también se redujo la Defensoría Pública del Estado de Oaxaca en dos millones 632 mil 134 pesos y quedar en 30 millones 478 mil 39.60 pesos.
Es por eso que, como oaxaqueña, luchadora social y sobre todo, como mujer, hago un llamado a que el tema de feminicidio no pase de lado o con menos relevancia. Todos los oaxaqueños y mexicanos tenemos que darnos cuenta de la necesidad de más denuncia; de organizarnos y defender las mujeres mexicanas para que nadie abuse de ella y menos las quieran matar. Ante eso, la organización e implementación de políticas públicas que protejan a las mujeres, es prioridad porque actualmente quienes gobiernan, lejos de ver por la prevención y freno a la impunidad, en este, como en otros problemas de suma gravedad, parecen implementar políticas que solo funcionan como paracetamol para un cáncer que día con día cobra metas y sueños de mujeres inocentes.
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