Reafirmando su compromiso de lucha, la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) continúa exigiendo justicia en el caso de la masacre de Aguas Blancas, alto a la represión de las normales públicas, alto a la deforestación de los bosques, alto a la agresión de los pueblos de la región Tierra Caliente, no más desplazados por la violencia, la pobreza y el olvido, castigo para los culpables de los 43 normalistas y sus muertos y reafirma su compromiso de lucha, al cumplirse este 28 de junio, 26 años de la emboscada en la que perdieron la vida 17 campesinos y 14 más resultaron heridos, 26 años de impunidad.
Los hechos
La mañana del 28 de junio de 1995, integrantes de la recién formada Organización Campesina de la Sierra del Sur se dirigieron a Coyuca de Benítez a solicitar el cumplimiento de promesas de ayuda para cultivadores de café. Iban en dos camiones de carga, el primero fue detenido en “El Vado”, a unos tres kilómetros del poblado Aguas Blancas, por un grupo de policías y agentes judiciales del estado, que con golpes, los obligaron a descender y acostarse en el suelo a esperar el otro vehículo, repitiendo la misma acción, repentinamente los agentes policiacos dispararon contra los indefensos campesinos durante casi 20 minutos. En la emboscada fueron asesinados 17 campesinos, 14 resultaron heridos y dos elementos policiacos resultaron con heridas producidas por arma blanca… de los hechos hubo testigos.
Con fecha 18 de febrero de 1998, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) perteneciente a la Organización de los Estados Mexicanos (OEA), emitió un informe fechado en enero de 1996, donde se solicita a los Estados Unidos Mexicanos tomar las medidas cautelares necesarias para proteger la vida e integridad física de todos los testigos de la Masacre de Aguas Blancas, especialmente de Virgilia Galeana García y familiares de las víctimas.
A pesar del nombramiento de un fiscal especial para el caso, la investigación mantenía irregularidades y el 25 de febrero de 1996, se difundió en un programa de televisión, la videograbación no editada de la operación en Aguas Blancas, probándose plenamente la acción dolosa de la operación, con los agravantes de premeditación, alevosía, ventaja y traición.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) acreditó que se violaron los derechos humanos de 17 personas que pertenecían a la OCSS que resultaron muertas y recomendó disponer lo necesario para llevar a cabo una adecuada reestructuración de los cuerpos policiacos y de seguridad pública del estado, con el fin de ajustarlos a lo dispuesto en la Constitución General de la República para el cumplimiento eficaz de su labor de perseguir delitos y brindar seguridad a los gobernados.
A 26 años del caso, sólo están detenidos por este crimen algunos policías y mandos medios. La justicia no ha alcanzado a quienes dieron las órdenes desde el Gobierno de Guerrero, en ese entonces a cargo de Rubén Figueroa, presuntamente encubierto por el entonces presidente de la República, Ernesto Zedillo, su compadre.
Acumulación depredadora y excluyente, causa de la pobreza
A través de un comunicado enviado a medios de comunicación, la OCSS expresó: Hoy en tiempo de pandemia, de vacunas y millones de pesos gastados en vanidades políticas, con evidente presencia de la delincuencia organizada que amplió el abanico de sus colores y en varios casos abiertamente se dice morenista, de acuerdo a “nuestros datos”, la desigualdad social, la pobreza y la violencia generalizada experimentada en México, no tienen sus raíces en la corrupción sino en la lógica de acumulación depredadora y excluyente, donde conviven lo legal y lo ilegal. El combate a la corrupción de los funcionarios es necesario, pero insuficiente. Las grandes obras como el llamado Tren Maya o el corredor interoceánico, aumentarán el porcentaje de población con “empleo asalariado”, pero esto no quiere decir que mejorarán sus condiciones de vida. Muchos serán empleos temporales, mal pagados, sin derechos ni prestaciones.
También se agudizarán otras contradicciones sociales pues son proyectos basados en la desposesión y despojo de las tierras de las comunidades y pueblos por dónde pasarán. Habrá más concentración de riqueza en unos cuantos y permitirán que grandes empresas y corporativos de las finanzas, la agroindustria, el turismo y el sector inmobiliario acumulen más capital y fortalezcan su dominio.
Seguimos creyendo que las transformaciones que México necesita solo serán viables si son cambiadas las bases de la estructura de la riqueza y las relaciones de poder y dominación, violentas, excluyentes, racistas y patriarcales. Y eso solo se puede hacer desde abajo y a la izquierda. La vida nos hizo necios y por más que le buscamos no nos podemos convencer de que sólo votando o apoyando al gobierno se van a resolver los problemas sociales. No nos cabe en la cabeza que debemos dejar de luchar, porque es riesgoso protestar, luchar y organizarse. No nos gusta ese atole.
En Guerrero no tenemos dudas que mandará “el toro”, no es discriminación, es jugada política. No creemos que cambiará mucho la situación y estaremos desde nuestras capacidades, con un ojo al gato y otro al garabato, pues tanto en la Sierra como en otros lugares del estado, la delincuencia organizada hace el trabajo sucio, hostiga, agrede, desaparece y asesina a periodistas honestos y a luchadores sociales.
Nuestra solidaridad para los compañeros del Concejo Indígena y Popular Emiliano Zapata de Guerrero CIPOG-EZ y del Congreso Nacional Indígena (CNI) que dignamente resisten las nuevas y viejas prácticas políticas neoliberales en la zona de La Montaña y en México. Tenemos que seguir rascándonos con nuestras uñas para defender el bosque, la tierra, el agua, los derechos constitucionales y los derechos humanos de nuestras compañeras y compañeros.
Justicia, verdad y castigo, la exigencia
Este 2021, se cumplió un año más de la Masacre de Aguas Blancas y la justicia no llega, siguen sin castigo los responsables, se sigue protegiendo a los principales responsables, se sigue pretendiendo el olvido y la conformidad social con verdades a medias, maniobras políticas y el “castigo” a encarcelados y ya liberados, chivos expiatorios. ¿Se podrá equiparar la destitución de un cargo público con las muertes de los 17 compañeros y más de 23 heridos? ¿A esto le llaman justicia? Un año más en que se repite el ritual de la dádiva económica. Un año más para golpes de pecho, llanto y vestiduras desgarradas de los que vieron los hechos desde lejos, desde la barrera, y ahora se dicen “los verdaderos”, “los directamente” afectados. Un año más para ver la descomposición de algunos, más interesados en los proyectos gubernamentales que en la organización del pueblo. Algunos culpables siguen vivos, otros muertos, pero, aunque mueran, siguen siendo culpables. Y exigimos justicia, verdad y castigo.
Según el documento, el principal culpable es el exgobernador Rubén Figueroa Alcocer. Otros, el General Arturo Acosta Chaparro, ya muerto, que fue parte de la planificación y la ejecución; el gabinete gubernamental estatal de entonces; el ex presidente Ernesto Zedillo. Y los cómplices, un Poder Legislativo local y federal y un aparato judicial federal y local, que garantizaron la impunidad.
Rememoran con marcha asesinato de 17 campesinos
Recordaron a los compañeros asesinados en Aguas Blancas con el compromiso de seguir luchando. ¡Alto a la represión de las normales! ¡Alto a la deforestación de los bosques! ¡Alto a la agresión de los pueblos y comunidades en Tierra Caliente! ¡Ya no más desplazados por la violencia la pobreza y el olvido! ¡Castigo para los culpables de la desaparición de los 43 normalistas y sus muertos! Además, exigieron a la gobernadora electa, ¡que lleve a cabo la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos!
En el evento conmemorativo participaron unas 200 personas, entre campesinos, organizaciones sociales, entre ellas la OCSS y estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa “Raúl Isidro Burgos” que marcharon al vado de Aguas Blancas y exigieron al nuevo gobierno la creación de una Fiscalía Especializada que investigue la muerte de luchadores sociales en Guerrero.
En “El Vado” Hilario Mesino, dirigente de la OCSS, dijo que a 26 años de la masacre, no hay justicia y exigió castigo a los responsables. En su intervención, Norma Mesino, líder de la organización en Atoyac de Álvarez, precisó que hoy, es responsabilidad de la gobernadora electa, Evelyn Salgado Pineda, dar continuidad a la política de impunidad de sus antecesores o hacer justicia ante este crimen de lesa humanidad, fotografía de la impunidad en México.
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