En días recientes, una de las noticias que más ha dado de que hablar, aparte de la pandemia, es el ataque con armas de grueso calibre en la capital mexicana, en plena zona residencial, en contra del secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, quién fue atacado por sicarios y donde dos de sus escoltas murieron; esta noticia provocó toda una serie de comentarios, algunos de ellos plenamente justificados, pues si con esa ferocidad se le atacaba a un personaje influyente y además con gran capacidad para defenderse, ¿qué puede esperar un ciudadano sencillo, sin poder y dinero para defenderse de los grupos criminales que abundan no sólo en la Ciudad de México, sino en todo el país?
La inseguridad es uno de los graves problemas que preocupan y enfrentan millones de mexicanos, de acuerdo con los resultados del XXVI levantamiento de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), realizada por el Inegi en la primera quincena de diciembre de 2109, el 72.9 por ciento de los encuestados, de 18 años o más, contestó que vivir en su ciudad es inseguro; no creo que la percepción de la gente haya cambiado en estos días, peor aún, es seguro que la pandemia haya agudizado esta situación.
Las cifras son elocuentes para definir la situación, a pesar de las promesas del gobierno federal de combatir la inseguridad, el primer año de gobierno de López Obrador fue el más violento, comparado con el de sus antecesores; cerró con 34 mil 579 homicidios dolosos, cuatro muertos por hora, ¿esos son los resultados de un nuevo gobierno que prometió acabar con la violencia? Algunos recordarán que el 22 de abril del año pasado durante una conferencia en Veracruz, una de las entidades más golpeadas por la violencia en el país, el presidente de la República aseguró que la violencia se acabaría en seis meses, sí, en seis meses, decir eso, era temerario a todas luces, ¿acaso creyó el presidente que el tiempo no lo desmentiría? Recordemos que completó su afirmación, en aquella ocasión, con otra aventura al decir, que "en la medida que se vayan consolidando los programas sociales, en esa medida va a empezar a cambiar mucho el ambiente y se van a ir aislando los propios delincuentes, se van a quedar sin base social…" pero la realidad ha desmentido, en poco tiempo a un pensamiento poco riguroso y sin sustento científico, al del mismo señor presidente: los programas se empezaron a aplicar, han rebasado esos seis meses y la violencia continúa imparable.
Apenas este miércoles, primero de julio, para objetar el discurso del presidente, un grupo armado asesinó a 24 jóvenes, y lesionó a siete más, hasta este momento son ya 26 las víctimas en la comunidad de Arandas en el municipio de Irapuato en un centro de rehabilitación para drogadictos; es un crimen, el más grande de lo que va de este año y a pesar de eso hemos escuchado de parte del presidente que no va abandonar a la población de ese estado e hizo un llamado a revisar los órganos de justicia de esa entidad, donde reconoce que existen bandas y cárteles peleando el control del "huachicol", que en otra de sus acciones fallidas el presidente dijo que iba acabar con el tráfico del mismo, pero que tampoco ha ocurrido, pues en fechas recientes se dijo que el robo se ha incrementado.
Las cifras nos siguen hablando de la fallida estrategia del gobierno por combatir a la delincuencia, es evidente que su política de "abrazos y no balazos" ha fallado rotundamente; el día siete de junio del presente año, quedó registrado como el día más violento, con 117 personas asesinadas, la cifra más alta desde que el gobierno federal inició el conteo de víctimas de homicidios dolosos en diciembre de 2018.
Todas estas cifras, son sólo para demostrar cómo la política de seguridad del gobierno federal ha fracasado y ahora bajo las nuevas circunstancias económicas, el Fondo Monetario Internacional (FMI) dice que nuestro país, será una de las naciones más afectadas: el PIB (Producto Interno Bruto) sufrirá una caída de por lo menos un 6.6 por ciento, un nivel más alto que el promedio de América Latina (5.5 por ciento); en este mismo periodo y la deuda pública será del 60 por ciento del PIB, todo esto nos llevará a un mayor índice de pobreza y por lo tanto "la base social" que el presidente dice iba arrebatarle a la delincuencia, bajo las nuevas circunstancias, se incrementará.
Ni penas más severas, ni la creación de nuevos delitos por parte del gobierno, ni la compra de nuevas armas más sofisticadas para los cuerpos de seguridad, ni siquiera la participación de la Guardia Nacional en estos tiempos de crisis que se avecinan, lograrán evitar el derramamiento de sangre en el territorio nacional, sólo la creación de un Frente Nacional que considere las necesidades más apremiantes del pueblo y le dé la oportunidad de participar decididamente para un cambio económico y político podrá sentar las bases para una política diferente en materia de seguridad.
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