¡Vivienda, vivienda para el que no la tenga!, dice una de las consignas más conocidas del Movimiento Antorchista Nacional, y es que a nivel nacional, nuestra organización ha encabezado la demanda de la vivienda, como una de las principales, al aglutinar a miles de personas que no tienen el acceso a un patrimonio digno, como lo dicta nuestra Carta Magna.
Este derecho constitucional ha sido uno de los más violado en nuestro país, pues a pesar de que se dicta de manera exacta que todos los mexicanos deben de tener un pedazo de nuestro México, los gobiernos poco han hecho para poder cumplir con este derecho; aunque el déficit de vivienda en nuestro país es muy alto, no existen políticas encaminadas a erradicar el problema.
El sector vivienda es uno de los motores que podrán impulsar la recuperación económica posterior a la crisis sanitaria, debido a sus importantes aportaciones al PIB nacional, así como a la derrama económica y los empleos que genera. Sin embargo, se enfrenta a grandes retos que han provocado una desaceleración en los últimos años, que impiden satisfacer la creciente demanda e inhiben la inversión, principalmente en el centro del país. Esto muestra una clara necesidad de promover acciones conjuntas entre el sector privado y público, que incentiven la construcción de la oferta de vivienda que es requerida, pero con garantías jurídicas y estímulos para la compra.
De manera general, México tiene un déficit de 9.2 millones de viviendas, y cada año se realizan únicamente 1 millón de acciones de este tipo, es decir, que si se construyen 250 mil viviendas nuevas anuales, el déficit se irá incrementando, aclaró el presidente nacional de la Canadevi, Gonzalo Enrique Méndez Dávalos: “El resto es realizar de 380 a 500 mil viviendas adecuadas al año, que estén bien ubicadas, sean asequibles y bajo los lineamientos de la Sedatu, lo que les permitirá generar plusvalía permanente”, puntualizó.
En Baja California, el tema es casi igual o peor que en otros estados, pues aquí, el problema se agudiza ante la llegada de más migrantes; pero a los mexicanos les llueve sobre mojado; el pasado mes de febrero del 2020, el gobernador, Jaime Bonilla Valdez, anunció un programa de vivienda, donde se entregarían, dijo “mil viviendas de carácter popular”; sin embargo, a un año del compromiso público que hizo el gobernador, esto no se ha cumplido, así las políticas de la nueva transformación.
Las pasadas lluvias, pusieron de manifiesto la necesidad de una vivienda digna, así también, se dejó al descubierto la miseria en la que viven las familias bajacalifornianas y la necesidad que existe, que la palabra del gobernador se cumpla en forma.
Por un lado, se ha hablado ya de miles de viviendas abandonadas, mismas que han creado inmobiliarias, con o sin el permiso del gobierno, pero que no han sido habitadas y que se encuentran en total abandono, siendo utilizadas muchas de ellas, como puntos de venta de droga o los llamados picaderos.
Existen pues, políticas de olvido y menosprecio ante las demandas del pueblo trabajador; para la inclusión al programa de vivienda, se han tenido ya 13 reuniones desde el primer compromiso, con diferentes funcionarios de gobierno, todos ellos de alto nivel y con posibilidades de dar la solución requerida, sin embargo, no ha existido una solución; 13 reuniones que demuestran la falta de compromiso por parte de su persona y de sus cargos a las familias bajacalifornianas, al pueblo trabajador que los mantiene en el poder; dichas reuniones que han sido transmitidas por las redes sociales, han demostrado que los discursos, son los mismos, “vamos avanzando, vamos trabajando, una semana más y entregamos resultados”, todos ellos demuestran la falta de seriedad a su compromiso para con sus gobernados.
Hoy nos toca a nosotros sacar la casta, poner de manifiesto el incumplimiento y exigir como una sola persona y como un solo pueblo, que se cumplan con los compromisos, que se atienda las demandas, organizarnos y luchar, por un mundo mejor, porque es posible.
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