Ciudad de México.- El diputado federal, Brasil Alberto Acosta Peña, se declaró víctima de la persecución política del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, asimismo, aseguró que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) viola sus derechos constitucionales con el bloqueo de sus cuentas.
"Más de 4500 cuentas ha bloqueado la UIF y ha tenido que desbloquear un alto porcentaje de esas cuentas porque se violan los derechos constitucionales de los mexicanos consagrados en los artículos 14 y 16 de nuestra Constitución”.
El legislador alertó que en fechas recientes se pretende establecer en la ley de instituciones de crédito requerimientos tales que eliminen la posibilidad de que los mexicanos utilicen los amparos como mecanismo de defensa, ante la violación de sus derechos constitucionales por una autoridad y alargar el congelamiento de la UIF hasta por más de un año.
"Se trata de quebrar económicamente a los críticos de la 4ª T quitándoles la posibilidad de que se defiendan adecuadamente, pues no tienen dinero derivado de sus cuentas bloqueadas, ni tampoco permiten al individuo que atienda los elementos básicos de la vida propia y de su familia”.
En este sentido, expuso que la UIF en su calidad de unidad administrativa estará extralimitando sus responsabilidades con base en la Constitución, aún después de la modificación hecha por el Senado, la cual señala en su Artículo 116 Bis 2.- "…la Secretaría, en ejercicio de sus atribuciones, podrá introducir a una persona en la lista de personas bloqueadas cuando cuente con indicios suficientes de que se encuentra relacionada con los delitos de financiamiento al terrorismo, operaciones con recursos de procedencia ilícita o asociados con los delitos señalados…”
"La modificación da, aparentemente, garantías a las personas que hayan sido incluidas en la lista de personas bloqueadas. Sin embargo, sigue la ley sin obligar a la UIF a aclarar expresamente las razones por las cuales van a bloquear tus cuentas. Simplemente te bloquean y punto, porque para la UIF habrá "indicios suficientes” de haberse cometido un delito tan grave como apoyar al terrorismo o lavar dinero”.
Finalmente explicó que "lo que pretende la UIF con esta Ley, de acuerdo con algunos juristas, es que la Corte, ahora más inclinada hacia el morenismo, rediscuta y eche abajo el criterio Medina Mora y la gente no pueda usar el amparo y de esa suerte se establezca el principio centralista, dictatorial y fascista que se ha venido vislumbrando con cada cambio en la ley. ¡Aguas! Estamos a tiempo de que se evite regresar a las dictaduras que ya sufrimos con Santa Anna y con Porfirio Díaz”.
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