Desde hace rato, la prensa mexicana ha colocado en el centro de la discusión nacional la pugna entre el gobierno y los defensores de la democracia, a raíz de la propuesta de reforma constitucional en materia electoral que, en abril del año pasado, López Obrador envió a la Cámara de Diputados con la pretensión de eliminar al Instituto Nacional Electoral (INE) para sustituirlo por el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC), un organismo centralizado que controlaría la totalidad de los procesos electorales en todos los niveles, señalado por varios analistas como una descarada intención de cooptar al árbitro electoral y asegurar el triunfo en las próximas elecciones a los candidatos de la 4T.
Por ello, creo necesario presentar algunos elementos para la reflexión sobre el riesgo que representa dicho acontecimiento para la estabilidad política de México.
Como la mayoría lo sabe, esta primera intentona de reforma a la Constitución quedó engavetada en la Cámara baja, ya que Morena y sus partidos satélites no lograron obtener los dos tercios de la votación. Curiosamente, antes de que el congreso desechara la primera iniciativa de reforma constitucional “Plan A”, en la mañanera del 6 de marzo, López Obrador informó que ya tenía un “Plan B”. Ni tardo ni perezoso, el presidente envió ese mismo día, al Congreso de la Unión, el paquete con reformas sobre seis leyes secundarias, que la fracción parlamentaria de Morena aprobó por la vía fast track durante la madrugada del 7 de diciembre sin mayor análisis ni discusión.
Elaboradas ad hoc y publicada la primera parte del “Plan B” en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el 27 de diciembre del año pasado, la Ley General de Comunicación Social reformula el concepto de propaganda gubernamental y permite que el presidente y sus funcionarios se manifiesten en tiempos electorales a favor de sus “corcholatas”, sin que sus pronunciamientos sean considerados propaganda electoral, posicionamientos que solamente serán considerados “campañas de comunicación social”.
Ante ello, el INE presentó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una controversia constitucional al considerar que dichas reformas producen una violación directa a sus funciones como órgano constitucional autónomo, al tiempo que obstaculizan la función que realizan para garantizar la equidad en la contienda electoral. Admitida la controversia, el ministro Alberto Pérez Dayán dio un plazo de 30 días hábiles para que la Cámara de Diputados, el Senado, la presidencia y la Secretaría de Gobernación, presenten su respuesta.
Por otro lado, la minuta con proyecto de decreto restante; la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que contempla modificar una porción del artículo 443 que prohíbe a los partidos critiquen al gobierno; la Ley General de Partidos Políticos; la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral, que se encontraban en un estado de impasse fueron aprobadas en el senado con 72 votos a favor y 50 en contra el día miércoles 22 de Febrero y publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la mañana del 2 de Marzo para su promulgación al día siguiente, que se materializó con el cese inmediato del Secretario Ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo Molina.
Hay sobrados elementos para afirmar que dichas reformas están diseñadas para desmantelar el sistema electoral, para compactar y minimizar la estructura del INE, limitar sus facultades de organización de cara a las próximas elecciones, a través de la eliminación de diversas direcciones, áreas y unidades técnicas, en la reducción de sus órganos distritales y mantener su estructura ocupacional mínima, situación que se traducirá en el despido de más de 6 mil trabajadores, por ejemplo, de las dos mil 571 plazas que conforman actualmente la estructura del Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN), un 84.6 por ciento se quedaría desempleado. También, para quitarle facultades al INE como autoridad electoral, ya que ahora no podrá sancionar a partidos y funcionarios que cobren diezmos a sus trabajadores como lo hizo Delfina Gómez, tampoco podrá retirar candidaturas ante faltas graves, mucho menos podrá castigar actos anticipados de campaña como los de Claudia Sheinbaum en el país o Nacho Mier, en Puebla.
Y aunque el presidente diga lo contrario, cualquier mente sana puede darse cuenta de que el fin del “Plan B” no es reducir costos ni acabar con la burocracia dorada del INE, sino, más bien, la descarada ambición de perpetuar a su partido en el poder.
Por ello, el llamado de nuestra organización es muy claro, o defendemos al INE o nos estaremos acercando al fin de nuestra democracia que tanto nos ha costado.
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