El 12 de mayo de 2018, en Guelatao, Oaxaca, el entonces candidato a la presidencia de la república; López Obrador, realizó una serie de compromisos por la educación en México, de las que destacamos las siguientes: fortalecer la educación pública gratuita y de calidad en todos los niveles escolares, bajo la premisa de que la educación no es un privilegio, es un derecho del pueblo; habrá alimentación en todas las escuelas de educación básica de las zonas pobres y marginadas del país; los estudiantes de escasos recursos que estudien en universidades o de nivel superior obtendrán una beca de 2,400 mensuales y no habrá rechazados, 100% de inscripción a todos los jóvenes que deseen ingresar a las universidades; será prioritario fortalecer las Escuelas Normales y a la Universidad Pedagógica Nacional para actualizar los métodos de enseñanza y mejorar la calidad de la educación; se cancelará la mal llamada reforma educativa. Haremos uso de las facultades del Ejecutivo para detener las afectaciones laborales y administrativas al magisterio nacional. Habrá justicia para cesados injustamente y enviaremos desde el inicio del gobierno las iniciativas de reforma a las leyes que vulneran la dignidad y derechos de los maestros de México; se respetará la independencia y autonomía de los trabajadores de la educación en México, el gobierno no intervendrá en la vida interna de sus organizaciones para garantizar una plena democracia sindical; se suspenderán las cuotas que pagan los padres de familia para el mantenimiento de las escuelas y el gobierno destinará, de manera directa, recursos con estos propósitos a los consejos escolares de participación social.

Estas fueron las promesas de campaña del entonces candidato a ocupar la presidencia de nuestro país, palabras que cautivaron a la ciudadanía y pensando que era verídico lo que expresaba, aunado a eso, el hartazgo de la población de los antecesores en la silla presidencial, hizo que durante el día de las elecciones una gran parte de los votantes sufragaran a favor de él. Tres años tiene en el poder el gobierno de la “Cuarta Transformación” y ese cambio ofrecido a la educación de los pobres y marginados de México no ha llegado y no llegará.

No se ha fortalecido la educación pública, al contrario, se encuentra abatida después de los recortes presupuestales a la que se vio sujeta desde el primer año de su mandato y como muestra tenemos a las Escuelas de Tiempo Completo, que en sexenios anteriores venían funcionando no de manera excelente, pero existía y a la llegada de López Obrador al poder este programa desapareció y como este hay varios ejemplos. Los recortes presupuestales se dieron principalmente en tres rubros: aprendizaje incluyente, formación docente y educación inicial.

Con respecto a las Becas del Bienestar, el programa de becas ofrece apoyo monetario a estudiantes desde educación inicial hasta nivel universitario, pero el becario no recibe los componentes de la transferencia para alimentos, tampoco las consultas médicas preventivas ni talleres de autocuidado que ofrecía Prospera. Además, la Auditoría Superior ha detectado montos entregados sin algún soporte documental o a becarios que ya murieron. El objetivo era evitar la deserción, pero hoy existen en el país más de 270 mil estudiantes que por la pandemia han abandonado su educación. Con respecto a la creación de 100 Universidades Públicas que darían aceptación a todo estudiante, estas simplemente no existen.

Andrés Manuel López Obrador, se había comprometido a fortalecer las Escuelas Normales.  En 2021 recortó el 95% de su presupuesto y 49% a capacitación para la Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación (DGESPE), instancia que se encarga de las Escuelas Normales del país, convirtiéndose de esta manera en el recorte más drástico de los últimos 16 años a este rubro.

Con respecto a la cancelación de la reforma educativa, AMLO ha pregonado en su mañanera que la mal llamada reforma está cancelada, pero lo que no ha sido anulado son las afectaciones laborales y administrativas al magisterio y como muestra mencionó que el pasado 14 de enero el director administrativo del Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz (COBAEV), Alejandro de la Cruz Garnica, de manera arbitraria despidió de manera injustificada a dos administrativas que se encontraban laborando de manera ininterrumpida desde hace 10 años en el plantel 62, de la colonia Unión Antorchista de la Reserva Territorial Vergara 4 en el puerto de Veracruz. Las personas afectadas son: Eva Sofía Azamar Vidal y Alicia Trinidad Arano Gómez, las cuales no tienen en su contra ningún acta administrativa, ni han cometido falta alguna al reglamento de trabajadores y han mostrado disposición a todas las actividades del Colegio, así como al trabajo del plantel. De igual manera, las autoridades de Cobaev, se niegan a la recategorización de maestros del plantel 46 de Córdoba, a pesar de que estos cuentan con los años de servicio y el respaldo de estudios a nivel superior para su ascenso. La lista sigue, ya que las autoridades de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), se niegan a otorgar la basificación de maestros y administrativos que ya cuentan la antigüedad necesaria y que la han solicitado a través de oficio como la misma SEV lo requiere, sin dejar de lado los obstáculos que cada nivel da a los maestros pertenecientes a Antorcha Magisterial para realizar algún cambio de adscripción. Esto sucede en Veracruz, sin embargo, son varias las entidades en las que se está afectando a los docentes directamente como el caso de Hidalgo, donde no los maestros no han percibido salario por más de un año o como la presidenta municipal de Charcas, en San Luis Potosí, Marisol Nájera, que a través de diversas argucias pretende despojar a estudiantes del terreno donde tienen construido un CECyTE, y que además secuestró a los alumnos al impedir entrada y salida de personas así como de alimentos, con estos ejemplos se atentan los derechos magisteriales y de estudiantes y como estas hay otras linduras de funcionarios que amparados con el manto de la 4T realizan actos reprobables.

Y cuando se habla de no afectar la independencia, autonomía y vida interna de una organización, pero en los hechos interfiere cambiando los estatutos como en el caso del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), afectando directamente a docentes, investigadores y estudiantes.

Es perturbador que López Obrador siendo el encargado de las riendas del país y el responsable de impulsar la educación de los mexicanos sea precisamente quien encabece acciones ilegales y arbitrarias contra maestros y estudiantes.