Con la declaración de AMLO sobre la abolición del Neoliberalismo en México, él y sus partidarios dan por hecho que todas las acciones de política económica que toman son ajenas al Neoliberalismo. Olvidan o al menos eso parece, que el neoliberalismo es la fase más reciente del capitalismo y que ninguna nación puede atentar en contra del sistema sin ninguna consecuencia económica y política (veamos a Cuba y Venezuela).
Las intervenciones en los sectores productivos que ha llevado a cabo el gobierno de la 4T y en las cuales basan su argumento de que la actual administración es todo, menos neoliberal, son todas tolerables por el sistema económico. La cancelación del NAICM, la mayor acción en contra de los grandes capitales significó para el Estado mexicano el desembolso de dinero público (más de 113 mil millones de pesos) para evitar demandas y sanciones económicas, además, ocasionó un golpe a la economía del país[1] ya de por si débil y la pérdida de miles de empleos.
Otra acción ampliamente difundida como medida antineoliberal fue la revisión de los contratos “leoninos” que la CFE tiene con empresas (Carso, IEnova, Fermaca y TransCanada) que le brindan servicio de transporte de gas a través de 7 gasoductos. El enfrentamiento entre el gobierno y las compañías privadas terminó en una renegociación, que a largo plazo el más perjudicado es el Estado, que pagará[2] más dinero del que supuestamente va a ahorrar. Al final, las empresas fueron beneficiadas al ampliarles los contratos en 10 años más. La revisión creó un clima de inestabilidad en los negocios que provocó la disminución de la inversión en el sector energético, y con ello se frenó la economía y la creación de empleos.
La reforma energética impulsada por AMLO es otra bandera “antineoliberal” muy efectiva para obnubilar al pueblo. Según el presidente, el objetivo de la reforma es “rescatar” al sector energético de las manos privadas y “devolver” la soberanía energética a México. En los hechos la reforma se ha traducido en la revisión, renegociación y cancelación de contratos que las compañías estatales (CFE y PEMEX) tienen con las empresas privadas. Los beneficios para la economía no están del todo claros, en primer lugar, porque la reforma trata de regresarle el monopolio a las empresas estatales y cuyas repercusiones afectará a los bolsillos de los consumidores mexicanos; en segundo lugar, la incertidumbre que genera la renegociación y cancelación de contratos desincentiva la inversión privada, teniendo como efecto el estancamiento económico; y, finalmente, la cancelación de contratos trae consigo el pago de multas millonarias que tiene que enfrentar el Estado con dinero público. A decir de especialistas, la reforma es destructiva para el sector energético y para la economía en general[3], ya que implica la producción de energía más cara (en más del doble) por parte de la CFE en comparación con las empresas privadas. Ante esta situación el Estado tendrá que elevar la tarifa o subsidiarla a costa de una disminución de la competitividad (por elevar costos de producción) o un mayor presupuesto a subsidios.
La obsesiva austeridad del gobierno federal que AMLO usa como símbolo de buen gobierno y como sello distintivo de su administración con los gobiernos neoliberales y despilfarradores del pasado han ocasionado tragedias en la población mexicana. En la lógica de la 4T tener un gobierno pobre es una medida antineoliberal (aunque dicho de paso, es un precepto muy neoliberal). Por tal motivo se esmeraron en hacer recortes al por mayor en casi todas las secretarías, sin importarles si dejaban sin empleo a miles de trabajadores, sin medicinas a millones de enfermos, sin becas a estudiantes de posgrado en el extranjero, sin guarderías a madres trabajadoras, sin obras a los pueblos marginados, y más. La administración pública sufre los efectos de la austeridad, por ejemplo, en el SAT[4] hay una crisis de citas (hay 6 millones de trámites rezagados), es decir, los contribuyentes no pueden realizar trámites por falta de personal.
La reforma de subcontratación (outsourcing) pensada para eliminar la terciarización del trabajo y así frenar la precarización a la que eran sometidos miles de trabajadores que se empleaban bajo este esquema fue exitosa en términos mediáticos por ser una medida antineoliberal. Sin embargo, hasta este momento (agosto 2021) no se ha podido implementar completamente por las consecuencias negativas que trae consigo, a tal grado que se tuvo que ampliar el plazo para su cumplimiento. Entre las consecuencias negativas de esta reforma está la pérdida de miles de empleos. En noviembre del 2020 el IMSS tenía identificado a 5 millones[5]200 mil trabajadores contratados a través del outsourcing, hasta el primero de agosto de 2021 el 17% (880 mil) fue dado de baja, es decir, se quedó sin empleo. En el mismo periodo 2.5 millones de trabajadores pasó de la subcontratación al empleo directo con el patrón y de estos el 23% sufrió una disminución en sus percepciones salariales. Si tomamos en cuenta el contexto de la pandemia la reforma al outsourcing significó un duro golpe a los trabajadores mexicanos. Este es un ejemplo muy gráfico de cómo una medida que tiene buenas intenciones para los trabajadores puede dañarlos si las decisiones se toman al estilo de la 4T, con el puro sentido común y con intensión de aparentar de que se está desmantelando al Neoliberalismo.
Por último, para reafirmar que la 4T no comulga con el neoliberalismo, AMLO dejó a su suerte a miles de empresas y trabajadores en esta crisis económica y sanitaria. No diseñó ningún plan para contrarrestar la caída del ingreso de millones de trabajadores, ni para evitar el cierre de miles de Mipymes. En la lógica del presidente, cualquier ayuda a empresas es una medida neoliberal y por tanto debe evitarse.
Los resultados de las malas intervenciones de esta administración están a la vista; nulo crecimiento de la economía en el primer año de gobierno, caída del PIB de 8.5% en el 2020 y una lenta recuperación económica en este año a causa de la ausencia de una estrategia para enfrentar la crisis. En materia de bienestar, el Coneval reafirmó con datos oficiales lo que ya se sabía. La pobreza aumentó[6] en 3.8 millones de personas, 2.1 millones se sumaron a la población que padece hambre, más de 15 millones dejaron de tener acceso a servicios de salud, y más. Todo esto en tan solo dos años y a pesar de las transferencias monetarias que tanto gustan al presidente.
Tomar decisiones para aparentar que se está en contra del Neoliberalismo sin medir las consecuencias negativas que puede traer a la población, es un acto que va en contra del pueblo. La 4T debe entender que ya no está en campaña y que ahora es gobierno. Sus malas decisiones cobran vidas.
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