Quiero informar a la ciudadanía sobre la arbitrariedad y la persecución política del gobierno de Barbosa, secundado por la Unidad de inteligencia financiera de Santiago Nieto en contra de los antorchistas.Recientemente recibí una notificación del banco en la que se me informa que han sido congeladas mis cuentas sin más explicaciones, salvo que debo presentarme en la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.Acudí a ella en aras de conocer de qué se me estaba acusando y la razón por la cual congelaban mis cuentas.Me hicieron esperar un rato y luego me pasaron a un pequeño cubículo del edificio de Constituyentes 1001 que decía "oficialía de partes".Ahí me dijeron que me comunicarían por teléfono con alguien de responsabilidad de la UIF y que esperara.Al poco rato el joven de la oficialía de partes, que se nota recibió instrucciones por teléfono, me dijo que tenía que llevar mis "alegatos" por escrito (pero qué voy a alegar si no sé de qué me acusan y por qué congelan mis cuentas).Al salir de la UIF me doy cuenta de un video de Santiago Nieto que dice lo siguiente: "paralelamente, pues, lo que hicimos también fue hacer el congelamiento de cuentas en un trabajo conjunto con la fiscalía de Puebla y del Estado de México (sic) de dirigentes de Antorcha Campesina, esta organización que al margen de la ley había recibido recursos en efectivo" y una nota periodística que dice que a siete personas físicas y tres morales del Movimiento Antorchistas les habían congelado sus cuentas.
De esta declaración se desprenden tres cosas: primero, que se confirma nuestra sospecha de que Miguel Barbosa estaba detrás de esta persecución política, pues las cuentas congeladas pertenecen a compañeros nuestros y a razones sociales que funcionan de manera legal, pero que pide la fiscalía de Puebla se congelen; segundo, que la Unidad de Inteligencia Financiera se presta para servir de garrote en contra de los enemigos de la cuarta transformación de Puebla y, finalmente, que se hacen acusaciones sin prueba alguna.Efectivamente, dice el titular de la UIF que se recibieron "recursos en efectivo" "al margen de la ley", sin dar ni una sola prueba: ¿cuándo?, ¿dónde?, ¿quién? Nada de eso dijo.Se trata, entonces, de una arbitrariedad, de una ilegalidad y, también, de una persecución política y linchamiento mediático en nuestra contra.
Posteriormente, en la prensa, que no en las instancias judiciales correspondientes, cambiaron el argumento: que ya no es que se haya recibido dinero en efectivo al margen de la ley, sino que lo que se investigaba a Antorcha era su presunta actividad en el "huachicol" en Puebla, también, sin prueba alguna, es decir, el uso de la prensa como paredón de la 4T.Por lo visto, ya no encuentran qué inventar.Efectivamente se trata de inventos.Doy algunos elementos legales para mostrar el atropello y la arbitrariedad cometida contra Antorcha.
La Unidad de Inteligencia Financiera sólo podría cancelar nuestras cuentas a pedimento de un gobierno extranjero o de una entidad internacional autorizada, con base en nuestros tratados internacionales, pero, ello debe ser resultado de un juicio en nuestra contra en el que demuestre nuestra culpabilidad en el delito que se nos imputa.Ese no es el caso, pues ya tendríamos algún citatorio para tal efecto, o una causa legal que no se ha puesto de relieve.
Asimismo, el congelamiento o bloqueo de cuentas como medida cautelar por parte Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SHCP, es inconstitucional porque: a) Se invaden las atribuciones que corresponden al Ministerio Público; b) Al decretar la medida cautelar se vulnera el principio de presunción de inocencia ya que la autoridad parte de la presunción de que la persona cometió un delito y que corresponde a ésta demostrar lo contrario; c) Se vulnera el principio del debido proceso ya que se da cumplimiento a una medida cautelar sin una orden judicial de por medio y d) Se violenta la garantía de audiencia de los ciudadanos ya que la audiencia que se concede con posterioridad al bloqueo de las cuentas implica una diligencia adicional de investigación de un delito, y no necesariamente un mecanismo de defensa de la persona afectada.Precisamente por estas razones, la Cámara de Diputados, incluidos algunos morenistas que lograron ver la arbitrariedad que venía, no aprobamos una reforma de ley que le daría a la UIF facultades de "Ministerio Público" y aún así, sin esas facultades, siguen haciendo de las suyas.
Por último, el congelamiento o bloqueo de cuentas utilizado por la Unidad de Inteligencia Financiera, al margen de la ley y de la constitucionalidad, atenta contra el patrimonio de las y los ciudadanos sometiéndolos a un proceso en total estado de indefensión.La notificación la realiza una institución bancaria y no una autoridad competente, no se informa el motivo por el cual emitió la medida cautelar, ni el motivo por el cual se te está acusando; para realizar las aclaraciones correspondientes te citan ante la SHCP, autoridad que se convierte en juez y parte en este proceso y te impiden el acceso a cualquier recurso económico que te permita acceder a una asesoría legal en la materia.
Pues parece que la UIF se presta a las intenciones del gobernador morenista, Miguel Barbosa, calificado como el peor en todo el país.En lugar de dar resultados a los poblanos, persigue políticamente a quienes se atreven a criticarlo.¿Estamos regresando a los tiempos de Belisario Domínguez en los que criticar al gobierno tiene como respuesta un acto represivo?
Llamo al pueblo de México a la solidaridad porque no somos el único caso de arbitrariedad de este gobierno de la Cuarta Transformación.Llamo, como señala nuestro dirigente nacional, el ingeniero Aquiles Córdova Morán, a todos aquellos que son damnificados de la cuarta transformación a que formemos un frente nacional que defienda la Constitución y los derechos democráticos que con tanto esfuerzo se han construido en nuestro país y que las políticas de la 4T están destruyendo.¡No a la persecución política en México!
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