En la colaboración pasada abordé la difícil situación de padres de familia de niños y jóvenes que estudian en escuelas públicas, ante el alza generalizada de los precios de los útiles escolares, pero el problema de la educación no se limita a eso, también está la formación profesional de maestros, que debiera ser de la más alta calidad; los programas de estudio, los cuales debieran estar acordes a lo que necesita el país para tener un desarrollo como lo demanda un mundo cada vez más competitivo; y, las condiciones de las instalaciones donde los educandos desarrollaran sus conocimientos y habilidades.
También son necesarias instalaciones que deben contar con amplias y acondicionadas aulas, con laboratorios, con espacios para practicar deportes y actividades artísticas. En esta ocasión me referiré a este último aspecto, el de las condiciones materiales del sistema educativo.
Veamos qué pasa en San Luis Potosí por el inicio del ciclo escolar 2022-2023. “Es urgente que la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE) realice una revisión a fondo de la infraestructura educativa, debido a que un importante número de planteles registran problemas de abasto de agua, de electricidad y algunos se encuentran destruidos, señaló la diputada María Claudia Tristán Alvarado, presidenta de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología del Congreso del Estado.” “Explicó que -desde que regresaron a clases después de la pandemia por covid-19 se reportaron plateles escolares destruidos, sin agua y sin energía eléctrica, los cuales no lograron rehabilitar ni un 50 por ciento y, a pesar de ello el personal docente, administrativo y los alumnos continuaron con sus actividades-” (El Sol de San Luis, 25 de agosto de 2022).
Esta es la triste realidad de las pésimas condiciones en infraestructura educativa en que inician clases en la entidad; muchas escuelas ni siquiera tienen agua ni luz, ya no pensar en aulas amplias y ventiladas, con laboratorios de primera, con talleres, con espacios y con mobiliario en buen estado para que los jóvenes y docentes puedan desarrollar sus actividades de manera plena. Para esto sería necesario, que tanto el Gobierno estatal y federal, principalmente este último, destine suficientes recursos a la educación pública, y, claro está, que estos se empleen correctamente. Pero lo que vemos es que la 4T no tiene como prioridad la educación, sino mantenerse en el poder y por ello utiliza los recursos públicos con fines electorales.
El 8 de septiembre, el Gobierno federal entregó a la Cámara de Diputados el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2023 (PPEF), a través del titular de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O; quien de manera sucinta y a grandes rasgos expuso ante el Pleno de la Asamblea Legislativa, a la que le tocará aprobarlo, en qué ejercerá el recurso público la 4T para atender, de acuerdo con su visión, lo que considera importante.
No es difícil darse cuenta de que el gobierno de la 4T no cambiará ni un ápice la forma en que ha aplicado, como los cuatro años precedentes, los recursos públicos, no combatiendo la pobreza, sino comprando consciencias y votos para mantenerse en el poder. Se seguirá dando prioridad a las obras emblemáticas, programas de ayuda directa con tarjetas, entre otros; mientras la educación, la salud, la vivienda, la infraestructura necesaria para un desarrollo del país, seguirá en el olvido.
De los 8.3 billones de pesos que, según el PPEF 2023, se ejercerán por el gobierno federal, el 51 por ciento irán a cuatro grandes rubros como son la deuda pública, las pensiones y jubilaciones, las participaciones a los estados y los programas (“Sembrando Vida”, “Jóvenes Construyendo el Futuro”, etc.), y las obras emblemáticas (Refinería de dos Bocas, Tren maya y Aeropuerto Felipe Ángeles). “Queda solo el 49 por ciento del total para atender otras necesidades básicas como el desarrollo del país y el bienestar de la gente, tales como inversión en infraestructura productiva (caminos, carreteras autopistas, puentes, puertos y aeropuertos, así como la infraestructura ya existente), electricidad, vivienda, agua potable, educación, salud y seguridad pública, entre las más destacables” (Presupuesto 2023: La verdadera pobreza franciscana, por Aquiles Córdova Morán, 14/septiembre/2022).
Ahí está el por qué en San Luis Potosí -como seguramente ocurre, en mayor o menor medida, que en otros estados-, en el inicio de clases, el 50 por ciento de la infraestructura educativa está en abandono: edificios semiderruidos, sin luz, sin agua. En esas condiciones, lamentablemente, estudian los hijos de familias humildes, a pesar de ello, el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador no destinará, como lo deja ver el PEF 2023, recursos suficientes para cambiar este panorama. Se seguirá dando preferencia a otros rubros que le interesan a AMLO para conservar el poder político. Así las cosas.
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