Ya vienen las campañas electorales y la clase política, dueña de los partidos políticos, nos va a presentar a sus candidatos para todos los cargos públicos que estén en juego, con sus conocidas frases huecas, muy pocas propuestas que valgan la pena y muchas, muchas promesas y compromisos.
Esta práctica que persiste cada temporada electoral aparentemente no tiene remedio, pues la fórmula perversa se repite cada proceso electoral, prometer y no cumplir.
Los partidos políticos se sienten cómodos, la fórmula no les falla, pues saben que la inmensa mayoría de los ciudadanos que va a acudir a las urnas a ejercer su derecho al voto confía en las promesas y compromisos de los candidatos, pero también sabe que la inmensa mayoría de los mexicanos no tiene manera de exigir su cumplimiento.
El Gobierno morenista dice que los apoyos son “directos, sin intermediarios”, porque saben muy bien que la organización popular es el antídoto contra los malos gobernantes.
La única arma legal es la organización popular en todas sus formas, desde un modesto comité de una calle en alguna colonia popular, una organización sindical, una agrupación de comerciantes informales, pequeños productores, agricultores, ejidatarios y comuneros, asociaciones estudiantiles, etcétera. Mientras más numerosa y mejor estructurada sea la organización, tendrá más posibilidades de que se cumplan las promesas.
La clase política tiene una larga experiencia en los cargos públicos, pues a la hora de tratar con algún grupo, lo primero que dicen es que no tratan con organizaciones, que sólo tratan con ciudadanos. El Gobierno morenista tiene su propia versión: “Los apoyos son directos, sin intermediarios”, porque saben muy bien que la organización popular es el antídoto contra los malos gobiernos.
El presidente se niega a atender a un grupo organizado, a pesar de que lo solicitado está justificado. Por ejemplo, los habitantes de una colonia popular que carece de agua potable y se les niega la solución, tienen el derecho que señala el Artículo 8 de nuestra Constitución de una manera muy clara: “Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición (…) No se podrá coartar el derecho de asociación o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito (…) No podrá ser disuelta una asamblea o reunión que tenga por objeto hacer una petición o presentar una protesta por algún acto o una autoridad”.
Salir a la calle a protestar para hacer un reclamo a algún funcionario que prometió en campaña y ahora como gobernante se niega a atender y resolver las demandas ciudadanas, tendrá que respetarse como derecho constitucional que tienen todos los mexicanos.
Cuando logremos aglutinar al mayor número de mexicanos, conscientes de la necesidad de luchar por mejores condiciones de vida para nuestras familias, de crear una poderosa organización popular, que represente a todos los trabajadores, nuestra patria saldrá adelante: dejará la falsa esperanza de que algún gobernante cumpla sus promesas y de que nos resuelva todos nuestros problemas.
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