El Movimiento Regeneración Nacional (Morena) demuestra nuevamente que no sabe gobernar y, peor aún, que ha pasado de un discurso moralizador al uso de las armas para reprimir y asesinar a los habitantes del municipio de La Paz. Morena ha dicho que lucha contra la corrupción y, sin embargo, la promueve desde el cabildo, pues la propia presidenta municipal reconoce que la primera y la tercera regidoras, sin que estuviera en sus facultades legales, mandaron invadir con un camión recolector de basura una zona llamada "El Potrero", en Lomas de San Sebastián, municipio de La Paz, sin considerar a las autoridades locales, es decir, a la delegada municipal; y, peor aún, a sabiendas de que el servicio de recolección ya se proporciona por un grupo organizado de gente humilde cuyo modus vivendi depende de esa tarea y que cuando se intenta meter a nuevos proveedores, se ponen de acuerdo las partes. La gente, por ejemplo, se opuso a que el camión recolector entrara arbitrariamente a invadir los nuevos recolectores, pues consideraron que el servicio brindado por los actuales proveedores cumplía la expectativa y que, por tanto, no se requería otro distinto.
Al no verse satisfechas las intenciones de los morenistas en torno a invadir el área de trabajo acordada con la delegación y la comunidad, mandaron llamar a la policía la cual, para intimidar y ahuyentar a los recolectores que ahí trabajan e imponer a los suyos, llegó disparando, en un aparatoso operativo en el que se detonaron tantas armas que los pobladores salieron a ver de qué se trataba. Por cierto, las personas que salieron eran afines a Morena y a una agrupación llamada Izquierda Democrática Popular (IDP), no del Movimiento Antorchista, como afirma falsamente la señora Medina. La gente reclamó a la policía su actuar debido a los disparos, pero sin más ni más continuó la agresión para dispersarlos.
Enseguida llegaron refuerzos policiacos con un grupo "táctico" y la Guardia Nacional, pero la multitud se había enardecido por el segundo ataque y se aglutinaron para protestar; pues en lugar de resolver los problemas de agua, drenaje y servicios fundamentales en esa zona marginada, la presidenta municipal mandó a la Guardia Nacional a que disparar contra la población. Entonces los policías volvieron agredir a gente inocente y en esta ocasión las balas tocaron el corazón de una joven de 21 años, dejando en la orfandad a una criatura de dos años e hiriendo gravemente a dos civiles más.
La alcaldesa Olga Medina intentó ocultar los hechos ordenando que los efectivos enviados por ella "sembraran" una pistola y acusaran al esposo de la joven por su muerte para tipificar el delito como "feminicidio", pero la gente no lo permitió. Al ver frustrado plan, como en el cuento del ladrón que, con el botín en la mano, gritaba "al ladrón, al ladrón", Olga Medina intentó inculpar al Movimiento Antorchista de haber participado en los hechos violentos ocurridos en la colonia El Potrero, en Lomas de San Sebastián.
Pero los antorchistas rechazamos totalmente esta acusación, por ser absolutamente falsa; en el lugar de los hechos no se encontraban ni dirigentes ni miembros de Antorcha; el grupo antorchista más cercano vive a más de 300 metros y lo separa del lugar donde se registraron los hechos una barranca de difícil acceso; en el enfrentamiento, como ya mencioné, participó gente de Morena y del grupo IDP.
¿Cómo explicar, entonces, que la presidenta quisiera inculpar a Antorcha?, fácil: quiere liberarse de su responsabilidad y trasladar la atención lejos de su incapacidad para gobernar. Sus declaraciones implican incluso al gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, haciéndolo responsable de otro "18 de agosto" como el que se suscitó en Chimalhuacán, lo cual revela, además, que la presidenta no conoce siquiera de historia moderna, y que sus prejuicios la han orillado finalmente al asesinato. Aunque ella no lo cometió directamente, el homicidio recae sobre elementos que estaban bajo sus ordenes, y de los que ella era legalmente responsable. Así pues, su conducta no garantizó la seguridad de los ciudadanos y permitió que se alterara el orden público.
Así se explica la intervención de la Fiscalía del Estado de México, que acudió a la comandancia para detener policías, realizar a algunos de ellos la prueba de la parafina, y descubrir a los que habían disparado. ¿Por qué no ha sido detenido ningún antorchista? Simple y llanamente porque ninguno de ellos tiene responsabilidad en lo ocurrido, lo que demuestra la mala fe, dolo, incapacidad y, finalmente, que la presidenta pretende gobernar y mantenerse con mentiras.
No es la primera vez que Olga Medina utiliza a la Guardia Nacional para intimidar a los habitantes de La Paz. En los primeros meses del año ordenó el desalojo violento de un grupo de ciudadanos que ocupaba pacíficamente un centro de actividades culturales, sin considerar a las autoridades municipales electas legalmente (lo que revela otra arbitrariedad). En otra ocasión usó a la fuerza pública para retirar a comerciantes de sus lugares de trabajo; pero ahora sus órdenes han enlutado a La Paz.
El Presidente de la República debería hacer una valoración crítica de los presidentes municipales de Morena, aunque haya declarado que son honestos y que se encuentran fuera del manto de la corrupción y de las mentiras; también debe tomar nota de que la Guardia Nacional, bajo el mando de personas incapaces como Olga Medina, representa un grave peligro para su gobierno y para la seguridad y tranquilidad de los ciudadanos. La Guardia Nacional tiene el propósito, según su conformación, de combatir el crimen y dar seguridad a los ciudadanos; sin embargo, en manos de funcionarios incapaces, comete atropellos como el que acaba de suceder. Mal se estrena la participación de la Guardia Nacional en La Paz, pues estamos ante la muerte de una mujer inocente de 21 años.
Llamamos a los pobladores de esta comunidad a que junto al Movimiento Antorchista, formemos un frente para que, con base en el Artículo 46, fracción IX de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, que a la letra dice: "A los miembros de los ayuntamientos se les podrá revocar su mandato por: (... ) III. Infringir la Constitución Política y ordenamientos legales locales, que causen perjuicio grave al Estado, al municipio o a la colectividad (...) IX. Realizar cualquier otro acto u omisión que afecte derechos o intereses de la colectividad, altere seriamente el orden público o la tranquilidad y la paz social de los habitantes del municipio".
¡Alto al uso de la fuerza pública para reprimir a civiles en La Paz!
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