Los especialistas coinciden en que para 2025 los retos más importantes para el Gobierno federal serán aumentar los ingresos tributarios y optimizar el gasto público.
Ambos aspectos dan cuerpo a lo que se llama política económica y se definen en la propuesta de paquete económico 2025, que será entregado por el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Rogelio Ramírez de la O (por cuarta vez), a más tardar el 15 de noviembre de este año, para que el poder legislativo lo revise, corrija y modifique, dado el caso, y después lo apruebe.
Hoy sabemos, a confesión de parte, que la próxima presidenta de la república, Claudia Sheinbaum Pardo, pretende imitar a su predecesor en todo, y de igual forma en su política económica.
De los egresos, el 80 % está comprometido en el pago de intereses de la deuda y otras responsabilidades que no se pueden dejar de cumplir, y sólo queda 20 % para todo el gasto público.
También sabemos que el poder legislativo podrá aprobarlo “sin moverle una coma”, de manera que el pueblo mexicano no tiene posibilidad real de intervenir en la política económica ni solicitar, con probabilidades de éxito, obras y servicios que considere urgentes; hoy como nunca antes, el pueblo está vetado para intervenir en asuntos de Gobierno.
Todo queda, pues, en manos de la presidenta y de los verdaderos poderes detrás de ella. Si esto es así, como todos sabemos que lo es, ¿tiene sentido meterse a analizar el asunto?
Claro que tiene sentido, y es necesario que los mexicanos humildes, los que sienten que no saben nada o que nada pueden hacer, no olviden nunca que el verdadero poder de la nación es el pueblo, que ese poder es enorme y no se acaba después de concluido el proceso electoral, a no ser que se prefiera callar y agachar la cabeza, sea a cambio o no de algún programa de Gobierno, o de evitar la persecución del Gobierno.
Podemos y debemos, por lo menos, entender qué significan estos asuntos, qué está haciendo el Gobierno, si nos conviene o no a las familias mexicanas y, en su caso, qué deberíamos o podríamos hacer.
Los ingresos del Gobierno vienen de la recaudación fiscal, de las utilidades de las empresas estatales como Pemex y CFE y de los préstamos que pide el Gobierno (la deuda externa). En 2024, por ejemplo, se programaron ingresos por 7.3 billones de pesos, pero se programó gastar 9 billones 60 mil millones de pesos, la diferencia, que se llama déficit fiscal, la cubre el Gobierno pidiendo prestado.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en sus estadísticas de 2023 reconoció que México es uno de los países con menor recaudación tributaria (16.7 por ciento del PIB) de América Latina y el Caribe (en promedio 21.7) y de los que integran la OCDE (34.1), a lo cual habría que agregar que las fuerzas armadas mexicanas (Secretaría de Defensa Nacional, Secretaría de Marina y Guardia Nacional), en este año, administraron el 20?% del total del presupuesto del Gobierno federal.
De los egresos, el 80 % está comprometido en el pago de intereses de la deuda y otras responsabilidades que no se pueden dejar de cumplir, y sólo queda 20 % para todo el gasto público: funcionamiento del estado, incluidas todas las instituciones públicas; el gasto social; y el de infraestructura.
Sólo 20 % puede planear en qué se va a gastar en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF). Este 20 % es lo que llaman espacio fiscal y es lo que realmente se gasta para el funcionamiento y desarrollo del país.
Mientras más crece la deuda, por ejemplo, más intereses se deben pagar y decrece el espacio fiscal, menos recursos quedan para el gasto público. O, si los ingresos no se logran, por evasión fiscal o porque se cae el precio del petróleo, lo que se achica es el espacio fiscal.
Cuando eso sucede, los Gobiernos (los anteriores, el que está por terminar y según su dicho el que viene), hacen recortes al gasto programado. Cabe recordar lo que todos vimos: que el Gobierno actual prefirió recortar muchos programas sociales, los presupuestos de educación, salud, etcétera.
Asimismo, eliminó fideicomisos, redujo a cero la obra de infraestructura social, promovió y premió el criminal subejercicio, a todo lo cual llamó indebidamente “austeridad republicana”, para vergüenza de Don Benito Juárez.
Christopher Cernichiaro, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, afirmó en este sentido:
“La presidenta electa propuso continuar con la política de austeridad; no obstante, esto no es lo mismo que hacer más eficiente el gasto. Con la actual austeridad, los recortes se han hecho sobre la marcha para liberar dinero, en vez de hacer exhaustas revisiones para cortar gastos onerosos, dedicarlos al desarrollo de infraestructura y brindar servicios públicos a la ciudadanía”.
Las que no se dejaron de hacer, sino que al contrario, gastaron más de lo presupuestado, fueron las obras emblemáticas de AMLO, las que, como dijo la Maestra Rocío Huerta Ibarra, dirigente del Movimiento Antorchista en Campeche, “son obras económicas, es decir que favorecen más a los ricos y menos a los pobres”.
¿Cómo debería ser el ingreso y el egreso para lograr una política económica enfocada hacia el pueblo? Lo que siempre ha dicho Antorcha Campesina y que coincide con lo que afirma José Antonio Guevara Bermúdez, Director Adjunto de la Iniciativa Global por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (GIESCR):
“Para contar con mayores recursos que permitan mejoras en la cantidad y calidad de los servicios públicos (salud y educación, por ejemplo), se debe mejorar la recaudación en general, lo que incluye combatir la evasión fiscal y la corrupción, pero además se tiene que llevar a cabo una reforma fiscal progresiva para que los que más tienen paguen lo que les corresponde conforme a sus ingresos y propiedad… el presupuesto tendrá que dar preferencia al gasto social… Sólo asegurando más ingresos y un adecuado destino de los mismos, garantizaremos un futuro mejor para las y los mexicanos, en el que los derechos humanos sean realidad, se reduzca las desigualdades y se erradique la pobreza”.
Esto no lo hizo AMLO ni lo va a hacer la presidenta, a confesión de parte.
Por eso urge que el pueblo trabajador se organice y se disponga a hacerlo él, desde el poder, al cual sólo accederá si se une, lucha y crea su propio partido para pelearlo y ganarlo.
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