Los mexicanos que de alguna forma buscamos hacernos una opinión firme y segura de lo que sucede en el país, sobre cuestiones tan delicadas como seguridad pública, educación y salud, resulta desagradable e indignante escuchar que cuando la información de los medios no es favorable para la imagen del actual Gobierno federal, el presidente Andrés Manuel López Obrador salga siempre a descalificarlos y a acusarlos de exagerar o falsear los hechos para favorecer los intereses de los conservadores y los neoliberales corruptos que buscan sacarlo del poder, pues se aproximan elecciones en tal o cual estado.

No obstante, los ciudadanos de a pie, con el objeto de demostrar nuestra buena fe, al no tener información privilegiada, lo que más podemos hacer es diversificar nuestras fuentes, aunque no sea suficiente, pero si nos permite conocer la realidad en la que vivimos el grueso de los mexicanos afrontando sus terribles consecuencias y buscar posibles soluciones tales como el desabasto de medicamentos y la falta de atención médica especializada.

Una de las cuestiones más impactantes es el estado que guarda la salud pública. En días pasados, varios medios de comunicación dieron a conocer que por lo menos 50 pacientes con trasplante renal, que son atendidos en clínicas del IMSS del Centro Médico Nacional de Occidente (CMNO) con sede en la ciudad de Guadalajara, se han visto afectados luego de recibir medicamento de mala calidad que los ha dejado en riesgo de perder sus riñones trasplantados. Asociaciones de enfermos renales tienen contabilizados a otros 11 pacientes de Aguascalientes, Chihuahua, Michoacán y Puebla.

La socia y fundadora de la asociación civil Donación de Milagros, Pérez Naveja detalló que hablaron directamente con el laboratorio, pero éste responsabilizó al IMSS, incluso consideró que el medicamento pudo ser falsificado y refirió que no era de ellos; sin embargo, en el Seguro Social les mostraron a pacientes una copia de la compra directa en el laboratorio por parte del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi).

El escenario debiera ser un foco rojo para el Gobierno federal, ya que Jalisco ocupa el nada honroso primer lugar a nivel nacional con casos de pacientes renales. De acuerdo con especialistas de la Universidad de Guadalajara, es una de las principales causas de atención de hospitalización y en los servicios de urgencias, que es considerada catastrófica debido al número creciente de casos, por los altos costos de su atención tanto en recursos humanos, de infraestructura, la detección tardía y la alta demanda en la terapia de sustitución con la que los servicios médicos no se dan abasto, como las diálisis y hemodialísis, pero el mejor tratamiento es, sin duda, el trasplante de riñón.

Los afectados denuncian que el IMSS, incluso juega con sus vidas y muchos han estado a punto de perder el nuevo riñón. Esto comenzó cuando se empezó a dar medicamentos de muy, muy baja calidad, provocando que los trasplantes de riñones se estuvieran perdiendo, inclusive, hay muchas personas que han perdido la vida por estos medicamentos.

Respecto al tema, la opinión pública sabe que el desabasto de medicamentos se agudizó aún más tras el cambio de políticas públicas en la compra y distribución de documentos en la administración de Andrés Manuel López Obrador y ha afectado principalmente a pacientes renales trasplantados porque hay escasez de medicamentos que ayudan a mantenerlos con vida, pues evitan que el sistema inmune ataque el órgano trasplantado.

En el mismo sentido, debemos recordar que el sistema de salud pública de nuestro país siempre ha gozado de mala fama por su falta de calidez, de prontitud en la atención de los pacientes y la carencia de especialistas competentes para los enfermos difíciles o graves, pero a pesar de todo, representaba la única opción al alcance de la población de bajos ingresos. Pero llegó la 4T y suprimió de tajo el Seguro Popular, muy demandado de la gente, por cierto, y en su lugar creó el Insabi, cuya tarea era la cobertura universal gratuita y de calidad.

Ya a nadie le queda duda en qué paró el invento de AMLO, quien con la creación del Insabi, que fue el primero de enero de 2020, llegó a presumir que los mexicanos, en un año, íbamos a contar con un sistema de salud similar o mejor al de los países del Norte de Europa como el de Suecia o Dinamarca; sin embargo, estamos a pocos meses de llegar a 2023 y hasta el momento más de 35 millones de personas de bajos ingresos no tienen acceso a ningún tipo de medicina si no la pagan de su bolsillo.

Lo peor es que no se detienen las declaraciones y promesas del gobierno de la 4T. A diario y a todas horas escuchamos que el titular del Poder Ejecutivo federal repite, una y otra vez, que hoy el servicio médico es universal y gratuito, pero en los hechos, los hospitales están saturados y no solo no hay medicamentos de calidad para los enfermos renales, sino para todo tipo de pacientes resulta un milagro contar con el especialista adecuado; las medicinas y materiales de curación escasean y las cuotas de recuperación han subido de tal modo que resultan demasiado caras para los más pobres.

Por lo que, dado el deplorable estado que guarda la salud pública, está claro que no va a ser remediada por el actual Gobierno federal y el problema debe ser resuelto entre todos los mexicanos. No podemos quedarnos callados e impasibles tan solo ante las medicinas de baja calidad para pacientes renales que sin duda son peor que la enfermedad.