De nueva cuenta utilizo este espacio, a nombre del antorchismo veracruzano, para denunciar la serie de actos de hostigamiento, provocaciones, amenazas y agresiones abiertas de las cuales han sido objeto varios de nuestros compañeros antorchistas en diferentes puntos del estado y que tiene de común denominador el que provienen de funcionarios públicos incrustados en el gobierno estatal morenista y en algunos ayuntamientos. Esta vez, solo por falta de espacio y por ser los casos más recientes, me referiré a tres lugares concretos.
Primero, la serie de agresiones que desde hace algunos meses vienen cometiendo un grupúsculo, no mayor a 20 personas, en la colonia 2 de marzo del municipio de Coatepec, encabezados por dos mujeres, Ivonne Díaz Bonilla y Adriana Valera, quienes a finales del año pasado formaron un comité presuntamente “independiente”, para entre otras cosas, según ellos, hacerse cargo del proceso de escrituración de los lotes de este asentamiento, mismo que está detenido por la Dirección de Patrimonio del Estado, desde el inicio de la actual administración estatal morenista.
En los hechos, sin embargo, los integrantes de este grupo se han dedicado a sembrar el odio y la violencia. La más reciente de sus fechorías fue la forma salvaje e irracional en como Jessica Ivonne golpeó a una mujer antorchista y a su pequeña hija el pasado 16 de mayo, sin ninguna otra explicación más que la negativa de esta última a apoyar las acciones arbitrarias del grupo que la primera encabeza.
Además, los integrantes del Comité Independiente IRC se niegan a pagar el servicio de agua potable, que todos los vecinos pagan de forma colectiva, se resisten a participar en las faenas necesarias para limpiar las áreas verdes, arreglar los caminos que dan acceso a la colonia y que las autoridades municipales no quieren atender y la construcción de unas aulas provisionales para la telesecundaria, pues los jovencitos toman sus clases entre aulas de lona y palos, debido a la insensibilidad de las autoridades educativas. Es decir, llaman a sus vecinos a no trabajar para el beneficio común.
Más aún, el 3 de marzo pasado intentaron provocar un pleito mayor, Jessica Ivonne golpeó al dirigente antorchista Fabián Cano y a otros vecinos, porque los antorchistas tuvieron la “osadía” de cobrarles el servicio de agua potable que todos los del supuesto comité independiente también consumen; incluso, algunos de estos personajes han encarado, machete en mano, a sus vecinos, adultos y niños por igual, advirtiéndoles que no se metan con ellos porque son gente “que tienen la protección de arriba”.
Estas actitudes son verdaderamente irracionales que en otras circunstancias moverían a risa loca, pero que son sumamente preocupantes porque este minoritario, marginal, grupo de personas cuenta con el respaldo evidente tanto del morenista alcalde de Coatepec, Raymundo Andrade Jiménez, así como de la Secretaría de Gobierno. Pues el pasado 5 de marzo, se presentaron en las instalaciones de la Fiscalía de Coatepec a interponer una presunta denuncia en contra de los dirigentes antorchistas de la colonia, aunque realmente se trató de un show mediático armado y financiado por el gobierno. Pues un par de días después, las dos cabecillas más visibles del grupo fueron condecoradas por el mismísimo alcalde en el ayuntamiento por su labor altruista (!!?), un premio recibido en realidad por cumplir al pie de la letra las indicaciones de los morenistas que tienen el poder.
Además, ya se quitaron la falsa careta de “independencia”, pues el pasado 3 de mayo se hicieron acompañar a una reunión en la colonia por el alcalde Raymundo Andrade y del director general de Política Regional, Héctor Ciprian Méndez, que está bajo las órdenes directas de Eric Cisneros, mientras que es secreto a voces que el presidente de Coatepec es un títere de este mismo oscuro personaje. Los funcionarios citaron a asamblea y les dijeron a los vecinos tres cosas: primero, que “llevaban la paz a la colonia por órdenes del gobernador Cuitláhuac García”, que pedían que cesara la violencia; segundo, que los colonos debían salirse de Antorcha y no dejarse “presionar” por sus dirigentes y, tercero, ante la negativa de los vecinos a aceptar esta solicitud (que pareció orden), les dijeron que entonces de ninguna manera se atendería la demanda de escrituración pendiente por la Dirección de Patrimonio del Estado, de lo que se desprendía, además, que el ayuntamiento no invertiría ni un solo peso para atender la demanda de obras y servicios sociales que pudieran paliar la miseria en que viven estos ciudadanos. Los funcionarios fueron acompañados por 7 patrullas de la policía estatal y dejaron la impresión entre los vecinos de que su visita fue una amenaza velada de desalojo para ellos.
No se pierda de vista que los supuestos “independientes” (más bien títeres, conscientes o no, del gobierno morenista), utilizaron como bandera inicial de lucha la regularización de los predios de la colonia. Sin embargo, es claro que la consigna del gobierno estatal, apoyada por el alcalde coatepecano, es no resolver este problema hasta que los habitantes de la colonia no se salgan del Movimiento Antorchista y, para incrementar la presión, hay una negativa rotunda a resolver otras demandas de obras y servicios básicos urgentes. El falso comité independiente utiliza este problema real para calumniar el trabajo del Movimiento Antorchista, culpando a la organización de que no se atienda el problema, pero no dicen que es la Dirección de Patrimonio del Estado la que después de autorizar la entrada en posesión de los terrenos de la colonia hace más de 10 años, actualmente se resiste a entregar las escrituras de propiedad a los colonos. La irregularidad la comete aquí el gobierno estatal, no los antorchistas, al pisotear el artículo 4to constitucional que garantiza el derecho a la vivienda digna para todos los mexicanos.
Ítem más. Una situación similar ocurre en la colonia Unidad Antorchista de Tihuatlán, en donde la delegada de Patrimonio del Estado en Poza Rica, Karen Sisniega Ponce, y otros funcionarios de la dependencia se han presentado en la colonia utilizando el modus operandi ya descrito: desconocen a los comités electos por la asamblea de colonos, veladamente prometen dar escrituras sólo si los colonos dejan de ser antorchistas y enredan los trámites burocráticos de forma mal intencionada.
Y es que diferentes reuniones la delegada Karen Sisniega ha dado información contradictoria e incompleta a los vecinos, les ha dicho que se realizará un nuevo avalúo de los lotes para hacer una nueva contratación, que no les respetarán el precio original de los terrenos y que no les tomarán en cuenta la documentación ya entregada con anterioridad. Esta actitud poco formal, aparentemente incidental, en realidad tiene la intención de provocar la irritación de los vecinos y responsabilizar al Movimiento Antorchista de la falta de regularización, aunque esto se deba a la ineficacia de los funcionarios de Patrimonio. Exactamente la misma maniobra que en el caso anterior.
Finalmente, está la noticia que recibieron los antorchistas de Córdoba, de que este viernes 19 de mayo, el director general de Patrimonio del Estado, Arturo Sosa Vázquez, se presentará en las colonias de la Reserva Territorial de esta ciudad para entregar las escrituras de sus lotes a un número reducido de vecinos de las colonias Mirador, El Roble, Fraternidad Antorchista, entre otras. Y aunque esto es resultado innegable de la gestión que por varios años han realizado los colonos antorchistas de estos asentamientos y sus dirigentes, la delegación regional de Patrimonio advirtió que no tomarán en cuenta a los activistas de Antorcha ni a los comités de esta organización para realizar la entrega de los documentos.
Además, según la dirigente del Movimiento Antorchista en Córdoba, únicamente se entregarán unas 15 escrituras, número irrisorio, mientras que la demanda abarca a poco más de 300 colonias de la ciudad en donde viven decenas de miles de familias. Por esta razón, la medida fue calificada como electorera y politiquera. Otra vez estamos ante el uso faccioso de las instituciones gubernamentales, aquí simulan resolver parte del problema, pero dejan a la mayoría de la gente sin atender para crear inconformidad y división.
Así pues, los tres casos tienen en común la injerencia del gobierno estatal en las colonias antorchistas para generar desestabilización, divisiones y hasta conflictos más graves. Se utiliza un problema real: la falta de regularización y la necesidad que tiene la gente de que se resuelva, para confundirlas y engañarlas. Esto debe quedar claro: el Movimiento Antorchista, sus integrantes y líderes, llevamos años luchando porque el derecho a la vivienda sea realidad, siempre dentro del marco legal, sin embargo, son las autoridades morenistas las que han decidido pasarse la ley y la Constitución por el arco del triunfo. Ahora tienen un acicate más: el proceso electoral en puerta; no nos sorprende que en la medida en que se acerca la elección del 2024, el golpeteo político, las injerencias y el deseo ardiente del gobierno de que Antorcha se debilite como fuerza social y política, se incremente y con ello también sus actos de hostigamiento y represión. Por ello, desde este espacio llamo a los antorchistas a estar bien alertas, abrir bien los ojos, a no caer en provocaciones y actuar con inteligencia para enfrentar este embate.
A las autoridades morenistas se les llama a la civilidad, al cese inmediato del uso faccioso de la ley y las instituciones, a recordar que el poder público no es eterno. Los antorchistas somos gente humilde, pero muy trabajadora y dispuesta a defender nuestros derechos constitucionales de organización, gestión, protesta pública y libre expresión. La actividad de Antorcha no solo no es un delito, sino que es estrictamente necesaria para fortalecer nuestra frágil democracia y darle voz y fuerza a quienes continuamente son ignorados por los poderosos. Este martes 23 de mayo, realizaremos una marcha en el centro de Xalapa en defensa de estos derechos, pediremos alto al golpeteo político y electorero en las colonias antorchistas y exigiremos sean atendidas, sin distinción alguna, las demandas de regularización que se niega a resolver Patrimonio del Estado desde hace varios años. No nos han dejado otro camino.
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