No hubo queja del funcionamiento del INE, ni mucho menos la lista enorme de quejas y ofensas por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador y sus acólitos cuando, en el año 2018, arrasó en las elecciones. Tampoco lo hubo en cada uno de los procesos electorales estatales donde se validarían los triunfos morenistas en las 20 elecciones a gobernadores. Ni una palabra.
Tampoco se entiende por qué el presidente ensucia y acusa a los consejeros actuales del INE cuando este instituto organizó y validó los resultados para diputados y senadores donde, otra vez, el morenismo obtuvo mayoría en todo el país. Algunos incautos me aseguraran que nuestro presidente en realidad desea reformar y no desaparecer los órganos electorales, y eso porque nuestro presidente tiene auténtica vocación democrática por el pueblo. La declaración no solo ofende, sino también da risa.
¿En serio podemos creer que Morena se ha conducido con limpieza y rectitud en los procesos electorales donde ha participado? Recordemos: la autoridad electoral determinó que durante la gestión de Delfina Gómez Álvarez como presidenta municipal de Texcoco (2013-2015) se instrumentó un sistema de financiamiento paralelo, el cual se tradujo en recursos que beneficiaron a Morena por dos millones 114 mil 612 pesos y que no fueron reportados. En la sanción se lee que este dinero fue consignado sin el plenos consentimiento de los servidores públicos de aquel ayuntamiento.
Delfina, otrora secretaria de Educación, siguió este honroso ejemplo de López Obrador, quien nunca negó, que su hermano y otros personajes de su círculo cercano recibieron dinero en lo oscurito para financiar su campaña presidencial, a la luz de los videos altamente conocidos que evidencian este sospechoso actuar. Dinero que quiso hacer pasar por aportación, pero que nunca fue reportado oficialmente para ser fiscalizado como se debe, ¿Cuál es su origen? ¿En qué se gastó? Todo se ignora.
Todo este vergonzoso comportamiento concuerda con lo relatado en el reciente libro de Elena Chávez donde detalla la red de financiamiento con dinero de origen público en efectivo triangulada por funcionarios públicos del gobierno de la Ciudad de México. En estos casos el común denominador es dinero irregular para las campañas. Competencia desleal y deshonestidad.
Estos vicios se volvieron a presentar durante las elecciones internas de Morena para renovar su dirigencia nacional: mapaches electorales, carrusel, acarreo de votantes, compra de votos, presión y condicionamiento del voto a cambio de programas asistenciales, actos de violencia, entre otras. Estas acusaciones fueron denunciadas por los propios integrantes de morena, entre ellos su fundador Jhon Ackerman. Las razones saltan a la vista: el objetivo es consolidar un árbitro a modo que no vigile ni sancione los delitos morenistas arriba descritos que, muy seguramente, no serán ni los únicos ni los últimos.
¿Qué pasaría si el poder de presionar y chantajear políticamente a la oposición logra su cometido y se destruye al INE? Es un retroceso democrático en general pero una pérdida aún más grave para las clases trabajadoras en particular.
Defender al INE no implica, por supuesto, asegurar que este instituto electoral no admita perfeccionamiento, sin embargo, aún y con todas sus deficiencias, permite que las clases trabajadoras, excluidas cotidianamente en la toma de decisiones, tengan una opción para corregir y exigir con su voto un mejor actuar a la clase política burguesa.
Hemos sido testigos de cómo el voto popular ha castigado los malos gobiernos del PRI, del PAN y, en alguna medida, los gobiernos locales de Morena. Y también, aunque limitadamente, en algunos lugares del país el árbitro electoral que hoy quieren “reformar”, ha permitido una pluralidad y alternancia fundado en gobiernos de origen auténticamente popular, políticos que no son nacidos en el seno de la partidocracia.
¿Qué implicaciones tendremos cuando se conserve en el poder una fuerza política que no admite reclamos ni exigencias? La historia es clara al respecto: acallar las protestas y la alternancia no significa desaparecerlas, en muchas ocasiones implica radicalizarlas. ¿Esa radicalización le conviene al país? La impunidad ha generado un clima de violencia e inseguridad, no obstante, la opresión y la concentración de poder puede acarrear, sin exagerar, ambientes persecutorios y de violencia aún peores.
Las clases populares no deben permitir que López Obrador y su grupo de oportunistas concentren el poder; muy por el contrario, deben pugnar por fortalecer las alternativas democráticas para que los trabajadores verdaderamente gobiernen en este país y de esa manera salvarnos del conocido dilema: democracia o barbarie.
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