La salud es un derecho humano fundamental, establecido en tratados internacionales firmados por México. Sin embargo, en los últimos años este derecho se ha visto seriamente vulnerado en nuestro país.
Si bien es cierto que la salud pública enfrentaba ya diversos retos antes del actual gobierno, también lo es que algunas decisiones y omisiones durante la presente administración han agravado varios indicadores en la materia.
Uno de los cambios más preocupantes fue la desaparición del Seguro Popular en 2019. Si bien dicho programa tenía áreas de oportunidad, la forma abrupta en que se eliminó, sin una estrategia clara para sustituirlo, generó un vacío en la atención a millones de personas.
La salud no puede ser rehén de visiones políticas cortoplacistas ni de intereses ajenos al bienestar de la población. Se necesita voluntad para enmendar el rumbo.
Aunque se creó el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), este no ha logrado ofrecer la cobertura ni los servicios que requiere la población más vulnerable.
Otro golpe a la salud pública ha sido los recortes presupuestales. Tan solo de 2020 a 2021 el presupuesto federal para salud se redujo en alrededor de 33 mil millones de pesos, de acuerdo con cifras del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP). Mientras los recursos disminuyen, las necesidades crecen, sobre todo tras la emergencia sanitaria por el covid-19.
Como era de esperarse, estos recortes y cambios institucionales han tenido consecuencias graves. Por ejemplo, el desabasto de medicamentos se agudizó peligrosamente durante 2021 y 2022, poniendo en riesgo a niños con cáncer, personas que viven con VIH y otros padecimientos.
Asimismo, indicadores básicos de salud han retrocedido. Tan solo entre 2020 y 2021 la carencia por acceso a servicios de salud pasó de 16.2% a 23.3% de la población, lo que equivale a que alrededor de 6.1 millones de personas perdieron su derecho a la protección de la salud, de acuerdo con cifras de Coneval.
Preocupa igualmente el manejo negligente de la pandemia de covid-19, donde desde el Gobierno federal hubo mensajes contradictorios sobre la gravedad del virus y las medidas de prevención necesarias.
Aunado a lo anterior, el programa de vacunación avanzó muy lentamente, provocando miles de muertes prevenibles. Desde los diversos indicadores, hasta presupuestales y de cobertura, de morbilidad y de mortalidad, señalan un deterioro de la salud pública en los últimos años, vulnerando un derecho humano esencial.
Se requieren cambios urgentes en la política de salud que permitan retomar la senda del progreso, a través de más y mejores recursos, cobertura universal, respeto a las instituciones y recomendaciones médicas, mayor coordinación entre órdenes de gobierno, y la eliminación de la corrupción.
La salud no puede ser rehén de visiones políticas cortoplacistas ni de intereses ajenos al bienestar de la población. Se necesita voluntad para enmendar el rumbo antes de que los daños a la salud pública sean irreversibles.
Como sociedad no podemos permitir que se siga vulnerando este derecho elemental. El movimiento Antorchista los invita de manera fraterna a organizarse y luchar, es tiempo de alzar la voz y exigir un sistema de salud fortalecido que esté verdaderamente al alcance de todas y todos.
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