Las funciones de gobierno en la administración pública están intrínsecamente relacionadas con la correcta dirección y aplicación de políticas, programas y proyectos en beneficio de la sociedad. Pero la organización gubernamental no se reduce a la aplicación mecánica de órdenes superiores que se deben obedecer forzosamente, sino que exige el desarrollo de habilidades de pensamiento, de análisis y toma de decisiones de los funcionarios públicos ante situaciones complejas, diversas, atípicas y paradójicas. Por tanto, para la aplicación correcta de la organización gubernamental en el siglo XXI no existen esquemas y soluciones fijas e inalterables, sino que estará siempre sujeta a la cambiante y dinámica realidad social.
Las organizaciones públicas están obligadas a considerar los aspectos económicos, políticos, sociales, ideológicos, culturales, tecnológicos y ambientales de una comunidad, variables que existen y se presentan en permanente transformación.
David Arellano Gault, nos dice en su artículo sobre “El enfoque organizacional en la Política y la Gestión Publicas”, que las organizaciones gubernamentales son “criaturas” sociales y humanas creadas con base en la normatividad, pero que pronto adquieren vida propia, respondiendo a su contexto. Que son criaturas humanas que obedecen a objetivos, intereses, valores y capacidades diversas que a menudo pertenecen y deben lealtad, incluso, a redes externas a ellas mismas. Características dinámicas de las organizaciones públicas que deben considerarse en cualquier análisis de las organizaciones públicas.
Por otro lado, Virginia Toural en su artículo “Administración 2020”, nos dice que los retos de la administración pública están condicionando el futuro de las sociedades y son los fuertes cambios demográficos, la globalización, la preocupación por el medio ambiente, las relaciones sociales, la estabilidad social y la tecnología afectarán prácticamente a todas las administraciones públicas, exigiendo respuestas individualizadas y adecuadas a cada país, región o localidad.
La rendición de cuentas y la transparencia en la información son aspectos fundamentales en el rediseño de las organizaciones públicas, como medidas para controlar o eliminar la corrupción existente en su seno. Las organizaciones públicas exigen transformaciones que contribuyan a abatir la corrupción y hacer más transparente, eficaz y receptiva a la administración para acercarla al ciudadano.
Hay que señalar que estos aspectos obedecen a diferentes presiones; por ejemplo, las derivadas de las limitaciones presupuestales que la obligan a hacer más con menos; una sociedad más informada y demandante; la necesidad de mejorar el rendimiento económico del sector público; fortalecer la legitimidad y transparencia de las acciones del gobierno por medio de la especificación de los derechos del ciudadano en relación a los servicios y la igualdad al acceso de éstos; así como nuevas tecnologías y tendencias del sector privado transferibles a la gestión pública.
Sin embargo, es común que en esta lucha por la transparencia se cometan excesos retóricos para crear instituciones sumamente costosas y con muy pocos resultados objetivos que, en sentido contrario, pueden provocar una contracción en la confianza de la sociedad respecto a sus gobiernos. Se requieren, además, recursos humanos de calidad en la administración pública: funcionarios públicos con un alto nivel de competencia, responsables y, por tanto, se requiere invertir en el perfeccionamiento de las labores de dirección, gestión y capacitación del personal.
Va cobrando cada vez más fuerza la necesidad de asignar recursos para establecer un gobierno electrónico que facilite una administración pública más accesible y, sobre todo, más responsable, si se aplicaban de forma integral y tras un análisis a fondo de las condiciones concretas del país. Se está demandando, pues, un gobierno electrónico que ofrezca servicios públicos de forma más rápida y eficaz, fomentando la transparencia y permitiendo que las personas puedan hacer oír más su voz en las decisiones sobre la formulación de políticas públicas, a fin de fomentar con esto una mayor participación social.
Será determinante el requerimiento de la información y las comunicaciones en la administración pública, para reorganizar su funcionamiento, fomentar el sentido de ciudadanía y educar al público sobre las políticas públicas. Asimismo, el gobierno electrónico contribuirá a mejorar la rendición de cuentas en todos los niveles de gobierno mediante la transparencia. Sin embargo, hay que decir que, en última instancia, determinar cuándo y cómo debe utilizarse la tecnología de la información y las comunicaciones en las actividades gubernamentales es una cuestión de decisión política de cada gobierno.
No obstante, es innegable el enorme valor de la tecnología de la información y las comunicaciones como vías para potenciar la capacidad del Estado, en virtud de que el gobierno electrónico permite, entre otras cosas, informar a los ciudadanos, favorecer a las organizaciones públicas para que se haga el trabajo de forma más efectiva y eficaz, reduciendo así los costos administrativos y, finalmente, para fomentar la participación ciudadana.
La organización gubernamental en el siglo XXI necesita fortalecer las instituciones públicas para que el Estado pueda servir mejor a la ciudadanía; requiere promover el desarrollo económico y social; aumentar el acceso a los servicios para la gran mayoría de la población vulnerable; debe garantizar una legislación que privilegie los derechos humanos; elevar la participación de la mujer en el proceso de desarrollo; y, entre otras cosas, proteger la calidad del medio ambiente.
La organización gubernamental en el siglo XXI deberá reafirmar la importancia del Estado y convertirse en instrumento eficaz para alcanzar los objetivos públicos proyectados y garantizar el interés público, entendido éste como la atención a las necesidades de los ciudadanos y las comunidades, así como la protección de los derechos individuales y colectivos, tal y como debe corresponder a un sistema democrático.
La organización gubernamental en el siglo XXI requiere una administración pública de calidad, eficiente y responsable que establezca como eje central de su funcionamiento, la disminución de la desigualdad social y la pobreza, al tratar de mejorar el acceso de la población a los servicios sociales básicos y con calidad.
Por último, cabe señalar que una buena gestión de la organización gubernamental también consistirá en una colaboración efectiva entre los sectores público y privado y la sociedad civil.
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