Dentro del marco legal de la Constitución las mujeres tienen derecho a la educación, la salud, al desarrollo, al trabajo, a la participación política, a una vida libre de violencia, así como a los derechos sexuales y reproductivos.
Para salvaguardar dichas facultades, , el gobierno ha promulgado las legislaciones: la Ley federal para prevenir y erradicar la discriminación; la Ley general para la Igualdad entre mujeres y hombres (2006); la Ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia (2007); el Reglamento de la ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia (2008); la Ley para prevenir y sancionar la trata de personas (2007) y el Reglamento de la ley para prevenir y sancionar la trata de personas (2009).
Dichos instrumentos legales, en teoría, sirven para enfrentar el fenómeno de la discriminación y la violencia contra las mujeres; sin embargo, de acuerdo al informe del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) 2023: “la violencia que enfrentan las mujeres y las niñas se ha considerado como un problema generalizado y devastador que se empieza a sufrir a edades alarmantemente tempranas”.
En nuestro país, la violencia feminicida es uno de los problemas que más afecta a la población: basado en las estadísticas del Inegi 2023, la directora del Observatorio Nacional del Feminicidio, María de la Luz Estrada, denunció recientemente que cualquier cifra en torno a la violencia machista suele quedarse corta en México, ya que: “actualmente, entre 10 y 11 mujeres son asesinadas al día, la tasa de impunidad supera el 95 % y tan solo una de cada 10 víctimas se atreve a denunciar a su agresor por miedo y falta de confianza en las autoridades”.
Asimismo, tenemos que sólo la mitad de las carpetas de investigación por feminicidio de las fiscalías acaban ante un juez y, de esas, sólo el 20 % reciben una sentencia. A la par -sostuvo- en los últimos años, se ha producido un incremento de los delitos sexuales contra niñas y adolescentes, las denuncias por violencia familiar, los delitos de trata de chicas muy jóvenes y los feminicidios infantiles. En total 59 mil 141 delitos, sólo en 2022, donde la víctima tenía entre 0 y 17 años.
En este contexto, en el Estado de México, de enero del 2020 a junio del 2023, se documentaron 490 feminicidios, el número más alto a nivel nacional de acuerdo al Sistema Nacional de Seguridad Pública. Entre los 100 municipios con mayor número de presuntos feminicidios del país se encuentran: Toluca, Chimalhuacán, Chalco, Atizapán de Zaragoza, Ecatepec, Coyotepec, Cuautitlán Izcalli, Ixtapaluca, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla, Tultitlan y Zinacantepec.
En Nicolás Romero, el 8 de marzo del 2023, más de 200 integrantes del grupo feminista “Las Brujas” marcharon al palacio municipal de esta demarcación para exigir a las autoridades que garanticen seguridad y frenen la violencia contra las mujeres. Con pancartas y cantos, las jóvenes exigieron al gobierno de Armando Navarrete que cesen las desapariciones de jóvenes mujeres.
Pero tanto las protestas local como nacional de estos grupos feministas que año con año levantan la voz, no han tenido eco en el gobierno, ya que de acuerdo con datos oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), la incidencia delictiva del fuero común va a la alta al registrarse en México, del 1 de diciembre de 2018 al 31 de enero de 2024, cuatro mil 817 casos de feminicidios, de los cuales 668 corresponden al Estado de México y 14 al municipio de Nicolás Romero.
“Los casos de las cinco mujeres asesinadas en el Gavillero y una en Progreso, de Brenda, de Itzel Graciela, de Verónica Guadalupe Bautista, de Rocio, de la niña Alexandra y de Michel Jatziri Becerra, son una clara muestra que, en Nicolás Romero, como en el resto del país, las mujeres tienen derechos y libertades en el papel, pero en la realidad son victimas de un sistema que las somete, las explota, las violenta e incluso las liquida ante la inacción y conformidad del gobierno”, aseguró el dirigente antorchista en el municipio, Héctor Javier Álvarez Ortiz.
Fuentes: Constitución de México, Inegi, Observatorio Nacional de Feminicidio, Sistema Nacional de Seguridad Pública, Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública
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