En marzo pasado se conoció, gracias a los medios de comunicación que le dieron amplísima difusión, que tras una visita personal del poderoso embajador de Estados Unidos (EE. UU.), Kent Salazar, al presidente de la república Andrés Manuel López Obrador en palacio nacional, de inmediato se pusieron en movimiento todos los aparatos y mecanismos del Estado, para localizar en tiempo récord a cuatro ciudadanos norteamericanos que, según se dijo, habían sido atacados y privados de su libertad por grupos delictivos en el fronterizo estado de Tamaulipas.
Quedó demostrado así, tanto la insospechada efectividad de los métodos como el amplio catálogo de recursos disponibles al efecto, los cuales, como por arte de magia, dieron exitosos resultados, evidenciando que todo depende del interés que el gobierno le ponga al caso.
Por eso no sólo es grave, sino hasta insultante, muy insultante, el hecho de que haya ya más de 140 mil muertos y sumando, víctimas de la inseguridad, que ha ensangrentado y enlutado al país como en ningún otro sexenio; que tengan que existir organismos ciudadanos de búsqueda de personas desaparecidas para cumplir una tarea que no es de ellos sino del gobierno; que las madres tengan que salir a la calle a protestar para exigir que el gobierno cumpla con un mandato constitucional expreso que le obliga a garantizar la vida y la seguridad de las familias; que las organizaciones sociales tengan que exigir justicia haciendo uso de su legítimo derecho a la manifestación, mientras que el gobierno ni ve, ni escucha, ni dice algo; y peor aún, permanezca sin hacer nada para garantizar el primer derecho humano de los mexicanos que es el derecho a la vida de las personas, que obviamente no valen más que las de los extranjeros, pero que tampoco valen, ni tantito, menos que las de aquellos.
Resalta en estas circunstancias, el asesinato del joven matrimonio de dos destacados líderes populares y probados luchadores sociales, miembros del comité estatal del Movimiento Antorchista en el estado de Guerrero, Mercedes y su esposo Conrado, que fueron masacrados a golpes con un objeto contundente, como reza la autopsia, junto con su pequeño hijo de apenas 6 años de edad, mismo que fue asfixiado en ese brutal acto el día 12 de abril, dedicados de tiempo completo a la organización y educación de los humildes del sureño estado caracterizado como uno de los más pobres y atrasados del país.
Es cierto que las luchas verdaderas por los grandes cambios sociales en beneficio de los pobres del mundo han costado siempre sacrificios y hasta vidas humanas; es el costo que arrebatan las fuerzas retrógradas y conservadoras, defensoras de los privilegios de clase, aunque algunas se digan de avanzada y transformadoras para engañar al pueblo. A nuestros compañeros, que nadie se confunda, al final de cuentas, los mataron por ser auténticos luchadores sociales, por defender de sus enemigos abiertos y embozados, ellos sí, hasta con la vida, a los pobres del campo y de la ciudad; por eso forman ya en la lista de mártires por una sociedad nueva, justa y equitativa y se han colocado al lado de los grandes ejemplares del género humano que, parafraseando al escritor Ostrovski, lucharon por la causa más noble a que puede aspirar un ser humano, que es la liberación de la humanidad entera.
Sin embargo, eso no exime de ninguna manera, ni en ningún grado, la grave responsabilidad de los criminales, que perpetraron el atroz homicidio de la joven pareja y su pequeño hijo, ante la ley y la justicia humana, ante las que debe hacerles comparecer y responder, aquí y ahora, tanto a los asesinos materiales como los intelectuales. Tampoco exime de cumplir con esta obligación por mandato de ley, ni mucho menos, a las autoridades encargadas de la procuración de justicia, que antes se llamaba procuraduría y ahora reciben el nombre de fiscalía, que son parte del poder ejecutivo, y en el caso concreto de ese estado, del gobierno de Guerrero que encabeza la morenista Evelin Salgado.
Tampoco a las autoridades encargadas de impartir justicia, del poder judicial, las cuales tendrán que condenar, cuando la fiscalía haya cumplido su trabajo de presentar a los responsables y las pruebas correspondientes, con todo el peso de la ley a las bestias humanas capaces de tal atrocidad. Por eso, junto con el antorchismo nacional, ¡exijo castigo para los criminales!
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