Las cuentas no le cuadran al nuevo Gobierno federal, la falta de presupuesto para 2025 los obliga a redoblar esfuerzos para continuar con el desmantelamiento del aparato gubernamental. Ahora le llaman “simplificación” de la Administración Pública Federal.
En las reuniones del secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, con el presidente López Obrador y Claudia Sheinbaum, han llegado a la conclusión de que no se puede detener la austeridad ni permitir la duplicidad de funciones. Lo que no dicen es que siguen al pie de la letra los dictados del modelo neoliberal.
Los continuos préstamos que autorizó López Obrador, así como la falta de crecimiento económico y su terquedad de no aumentar impuestos a los poderosos capitalistas, obliga al Gobierno a continuar con la reducción de su aparato.
Por ello, se está acelerando el paso para preparar el dictamen de reforma para eliminar siete órganos autónomos y entes reguladores, dictamen que debe estar listo para aprobarse el 15 de agosto en la Cámara de Diputados.
El nuevo Gobierno trabaja en una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para crear “supersecretarías” y reducir el presupuesto federal.
Va muy de la mano con las iniciativas de López Obrador para integrar a buena parte de los organismos autónomos a una Secretaría de Estado, empezando por el INAI a la Función Pública y la Comisión Federal de Competencia Económica a la Secretaría de Economía.
Los reguladores del sector energético van a la Secretaría de Energía; el Instituto Federal de Telecomunicaciones a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes; el Coneval al Inegi, y peligran también el INE, el Tribunal Electoral y la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación.
Los continuos préstamos que autorizó López Obrador, así como la falta de crecimiento económico y su terquedad de no aumentar impuestos a los poderosos capitalistas, obliga al Gobierno a continuar con la reducción de su aparato.
Resumiendo, en términos reales, la Secretaría de Hacienda plantea un recorte del gasto para 2025, un gasto que se destina a proveer bienes y servicios públicos, el cual pasaría de 6.62 billones de pesos en 2024 a 6.04 billones de pesos en 2025: un recorte de 578.9 mil millones de pesos o menos 12 %.
Pero a menor gasto continuaremos con un crecimiento económico raquítico también para el próximo Gobierno; sin crecimiento económico sostenido, no podemos aspirar a mejores empleos y bien retribuidos.
Se verán también afectados los servicios públicos, el desarrollo educativo y la salud; crecerá el deterioro de la calidad de vida de las mayorías, la pobreza en todas sus variantes tomará fuerza y con ella todos los males sociales.
No debemos olvidar que la clase política mexicana está al servicio de los oligarcas; que el acuerdo es manejar el presupuesto federal sin comprometer ni afectar las enormes ganancias obtenidas con el sudor de los trabajadores. Su tarea es que se repitan sin descanso las condiciones de explotación del sistema capitalista; esa es la tarea de los Gobiernos identificados con los poderosos.
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