En México, la reciente alza del precio del frijol ha dejado en evidencia una crisis alimentaria que afecta a millones de familias, en especial a las de bajos recursos. Este incremento no sólo responde a factores económicos globales, sino que es también un reflejo de la inacción y falta de planificación del Gobierno federal.
Resulta preocupante que, ante una escalada tan significativa en el costo de uno de los productos básicos en la dieta mexicana, no se hayan tomado las medidas necesarias para mitigar su impacto en la población.
La crisis alimentaria no sólo afecta la economía familiar, sino que también tiene repercusiones en la nutrición y el bienestar general de la población.
En un país donde la pobreza afecta a una gran parte de la población, el frijol representa uno de los alimentos más accesibles y nutritivos. No obstante, en los últimos años hemos visto un aumento considerable en su precio, lo que ha puesto en jaque a millones de hogares.
Según datos del Coneval, 15.5 millones de personas en México viven en pobreza extrema por ingresos, lo que equivale al 12.1% de la población. Esto significa que, incluso dedicando todo su ingreso a la compra de alimentos, estas personas no podrían cubrir los productos básicos de la canasta alimentaria.
El frijol, siendo un alimento esencial, se ha vuelto prácticamente inaccesible para muchas familias. En este contexto, es fundamental preguntarnos por qué el gobierno federal no ha intervenido de manera efectiva para contener esta crisis.
Si bien es cierto que factores como la sequía y las tensiones comerciales internacionales han contribuido al alza de precios, la falta de una política agrícola robusta que proteja tanto a los productores como a los consumidores es evidente. La dependencia de México de importaciones, en lugar de promover la producción local, ha exacerbado el problema.
El aumento del precio del frijol no es un hecho aislado; es un síntoma de una desigualdad estructural que sigue sin resolverse.
Según el Coneval, más del 50.2 % de la población mexicana carece de seguridad social, lo que significa que un gran sector de la sociedad se encuentra desprotegido ante cualquier crisis económica. La falta de acceso a servicios de salud afecta al 39.1 % de los mexicanos, lo que se suma a la vulnerabilidad de quienes enfrentan el alza de precios sin un respaldo gubernamental adecuado.
La crisis alimentaria no sólo afecta la economía familiar, sino que también tiene repercusiones en la nutrición y el bienestar general de la población. En una sociedad donde la inseguridad alimentaria es cada vez más común, la falta de acceso a alimentos básicos, como el frijol, agrava las condiciones de vida de las personas en situación de pobreza.
La inacción del Gobierno, en este caso, se traduce en la profundización de la brecha entre ricos y pobres, y en la perpetuación de un sistema económico que deja fuera a los sectores más vulnerables.
Ante una crisis de esta magnitud, cabría esperar que el gobierno federal tomara medidas inmediatas para aliviar la presión sobre las familias mexicanas. Sin embargo, las acciones gubernamentales han sido insuficientes.
La intervención del Estado en la economía, especialmente en el sector agrícola, ha sido limitada y carece de una estrategia clara que busque la estabilidad a largo plazo.
Una de las principales críticas que se ha hecho a la administración actual es la falta de inversión en el sector agrícola. En lugar de apoyar a los pequeños productores, se ha permitido que el mercado quede a merced de grandes corporaciones y de la especulación.
Esto ha derivado en precios incontrolables, que no solo afectan a los consumidores, sino también a los mismos agricultores, quienes no reciben el apoyo necesario para garantizar la continuidad de su producción.
Es momento de alzar la voz y exigir una intervención efectiva que proteja a los ciudadanos y promueva un desarrollo equitativo y sostenible. Sin un Gobierno que actúe, el país seguirá padeciendo crisis que afectan directamente la calidad de vida de millones de mexicanos.
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