Imposible escribir sin coraje. ¿Por qué, con qué derecho un gobernante ha de mandar golpear a mexicanos que sin cometer absolutamente ningún delito le exigen que cumpla con sus obligaciones? El hecho sólo se explica por el afán de proteger sus intereses de clase social decadente y acorralada. Son los insultantes casos de Graco Ramírez, gobernador perredista de Morelos y Eruviel ávila, gobernador priista del estado de México, quienes, en dos acciones complementarias, enviaron a sus respectivas policías a desalojar violentamente sendos plantones ciudadanos completamente pacíficos en Cuernavaca y en Ecatepec de Morelos los días lunes y martes de esta semana.
Llama la atención que aquí no opere el famoso diálogo, reiterado hasta el absurdo que se practica, incluso ante la exasperación de millones de damnificados, ante la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), que bloquea, cancela, destruye, incendia y arrasa con miles de patrimonios personales. ¿Será que la CNTE tiene padrinos poderosos, que la mueven grandes fuerzas ocultas dentro del mismo sistema con exigencias pantalla, mientras que los antorchistas de Morelos y el Estado de México sí reclaman verdadera y auténticamente mejoras en la calidad de vida de los mexicanos más atropellados? ¿Será?
Los antorchistas de Morelos demandan que Graco Ramírez autorice un bachillerato, venda lotes a precios accesibles a 400 familias, instale un albergue estudiantil para jóvenes necesitados, mande perforar dos pozos para dotar de agua potable a dos comunidades, ordene construir tres puentes vehiculares para comunicar a poblaciones aisladas y autorice quince obras de electrificación para colonias y pueblos que no tienen este servicio propio de la civilización moderna. ¿Eso es razón justificada para enfurecer al arrogante y reaccionario gobernador del estado? ¿En qué país y época estamos? ¿Dónde quedaron las garantías individuales y los derechos sociales? ¿Es optativo el respeto a la Constitución?
¿Y por qué se encoleriza Eruviel ávila y manda golpeadores, policías y caballos a golpear a hombres, mujeres y niños? Porque se le exige, pacífica y ordenadamente, entre otras cosas, que haga obras elementales, repito, ele-men-ta-les, de sanidad, o sea, de drenaje y agua potable, en una zona de Ecatepec conocida como La Laguna que tiene muchos años en el abandono, incluyendo los años de su propia administración como presidente municipal de Ecatepec, al grado de que en la zona abundan las enfermedades causadas por la suciedad como en las más pavorosas concentraciones humanas de Haití o Sudáfrica que no están a unos cuantos kilómetros del Palacio Nacional. ¿O será también –y esto no excluye la resistencia de las clases privilegiadas a atender las necesidades de los que menos tienen- que el agresivo gobernador quiere complicar la búsqueda de apoyos y votos de la organización social más importante del estado de México para un candidato al gobierno mexiquense que ya sabe que no será de los suyos? En este último caso estaríamos ante la encabronante utilización de las necesidades y las vidas de la gente para resolver las querellas de las élites.
No puedo dejar de denunciar aquí ante el público lector la presencia de las viejas tretas de los gobernantes para esconder sus acciones y escurrir el bulto. Después de la golpiza en Ecatepec, cuando todavía la sangre manaba de las cabezas de los heridos, desde las oficinas de gobierno se dispararon boletines de prensa que fueron publicados inmediatamente por medios obsequiosos que hablaban de "enfrentamiento" (ya que desde que se inventaron los "enfrentamientos" se acabaron los crímenes) y de participación de "vecinos" de la colonia San Cristóbal (ya que había que ocultar la acción de porros entrenados); en fin, el boletín oficial, exhibiendo a sus autores materiales e intelectuales, finalizaba con la consabida fórmula hipócrita: "la administración municipal hizo un llamado a privilegiar el diálogo por encima de la agresión". ¿Alguien que conozca los hechos lo creerá?
En las últimas semanas han arreciado las agresiones en los medios de comunicación y, por lo que aquí digo y nadie puede negar, en los propios hechos, en contra del Movimiento Antorchista Nacional. La pobreza se extiende minuto a minuto por todo el país, las necesidades insatisfechas de las grandes masas populares son cada día mayores y más lacerantes y, en las altas esferas oficiales parecen estar –y dicen que lo que parece, es- absolutamente comprometidos con el mantenimiento de un modelo económico, ya no sólo plenamente fracasado, sino también, que empieza a ser abandonado por sus más conspicuos defensores. La no intervención del Estado en la economía, la libertad absoluta de los mercados y otras políticas económicas hasta no hace mucho muy de moda, se están yendo al basurero de la historia sin que los gobernantes mexicanos paren mientes en ello. Urge mayor gasto social, urge mayor gasto para las clases más necesitadas, se necesita trabajo para todos y salarios dignos y remunerativos. Ante la realidad que impacta a millones de seres humanos, ¿se va a convertir en un delito disentir de las políticas oficiales y reclamar justicia social?
¿Qué dice a todo esto la Secretaría de Gobernación? La dependencia es la encargada por ley no sólo de la gobernación en general sino en particular de interponer su peso y autoridad para garantizar los derechos de todos los mexicanos y atemperar los excesos de los gobernantes. Hay pendientes graves, insultantes, con los antorchistas del país entero, no sólo con los del estado de México y Morelos: sólo como ejemplo, no se ha esclarecido el secuestro y homicidio del compañero, Don Manuel Serrano Vallejo, ni siquiera se han entregado sus restos a su viuda y a sus hijos. ¿Falta capacidad a los servicios especializados? ¿Estará loco quien piense que lo que les falta son órdenes?
Y, como hasta ahora los antorchistas no sabemos ni qué se piensa en la Secretaría de Gobernación, ni qué se piensa hacer ante la flagrante violación a las garantías individuales, a las garantías sociales y a los derechos humanos que siempre están presentes en los discursos oficiales, el próximo lunes 5 de septiembre, 15 mil antorchistas marcharán pacíficamente del ángel de la Independencia a los oficinas de la dependencia en la calle de Bucareli tratando de que la secretaría en cuestión, en uso de sus facultades y obligaciones, intervenga decididamente para garantizar, no sólo el respeto a la ley por parte de Eruviel ávila y Graco Ramírez, sino para asegurar la solución a graves carencias sociales que esos malos gobernadores se niegan a atender.
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