En mi colaboración de la semana pasada denunciaba la represión administrativa y policiaca de que han sido víctimas los hidalguenses organizados en las filas del Movimiento Antorchista por parte del gobierno del estado que encabeza Omar Fayad Meneses. No habían transcurrido más de cuatro días de que la policía acordonó los accesos a palacio de gobierno para contener la manifestación de los antorchistas del pasado 27 de mayo, cuando el martes 1 de junio, un contingente aproximado de 200 ciudadanos provenientes de la delegación municipal de Xuchitlán, municipio de El Salvador, fueron brutalmente reprimidos por los cuerpos policiacos a quienes les lanzaron balas de goma y gases lacrimógenos con la intención de intimidar y dispersar a los manifestantes (entre los que se contaban niños, mujeres y personas de la tercera edad) que demandaban obras y servicios comprometidos previamente por la administración estatal y a los que desde luego, el pueblo tiene derecho. Como resultado de la agresión resultó gravemente herido uno de los manifestantes quien sufrió fractura de cráneo.
A través de estas líneas, condenamos estos hechos de violencia y reprobamos el uso de la fuerza como respuesta a las carencias de la población por parte de quienes por ley, están obligados a atender y resolver, ejerciendo el dinero público en forma de obras y servicios para la ciudadanía en general. Vaya también nuestra solidaridad y apoyo para las víctimas de la represión.
Por otra parte, el lunes 31 de mayo de los corrientes, pobladores de la sierra daban a conocer mediante un comunicado que circuló en las redes sociales titulado “NOTA ACLARATORIA” en la que se hacía saber a la población y a los usuarios de la carretera estatal Metepec-Tenango de Doria, Hidalgo, que debido a la demanda legítima del pueblo de Santa Mónica, los pobladores habían decidido cerrar el paso de la vialidad estatal a la altura del tramo conocido el Potrero-Crucero de Santa Mónica. Agregaba el comunicado que llevaban más de 10 años demandando la pavimentación de su carretera comunitaria de 8 kilómetros y que ninguna administración ni federal ni estatal les ha hecho caso. El referido comunicado finalizaba diciendo: “por tal motivo, les informamos que no habrá paso hasta que las autoridades nos den solución a nuestra demanda. Resta informar que esta protesta está libre de fines políticos, por lo tanto, no habrá cabida para que ningún actor político se cuelgue de nuestra demanda”. Hasta aquí el contenido de la publicación.
Es conveniente destacar, en primer lugar, que la protesta de ambos grupos de inconformes, está dirigida a las autoridades estatales y federales, reclamando atención a demandas de obras y servicios que fueron signados como compromisos; en el primer caso por el gobierno que encabeza el señor gobernador licenciado Omar Fayad Meneses y en el segundo por el licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de la república; en segundo lugar se trata de obras y servicios prioritarios como son agua potable y pavimentación de caminos; se trata además de una protesta legítima, pues en ambos casos han esperado por años la respuesta favorable de las autoridades correspondientes, los manifestantes sólo hacían uso de su derecho a la libre manifestación consagrado en la Constitución General de la República. Es inadmisible que los ciudadanos que pagan puntualmente sus impuestos, tengan que salir a las calles, poniendo en riesgo incluso su seguridad personal y la de su familia debido a la indolencia, ineptitud e irresponsabilidad de los gobiernos en turno. En ambos casos, se trata de un acto ilegal, de un acto de represión administrativa y policiaca que no tiene ninguna justificación.
El bloqueo del tramo carretero que perturbó el tráfico vehicular durante más de 48 horas, sin duda que provocó, además de molestias a la población en general, el libre tránsito de las mercancías repercutiendo en la actividad económica de esta vasta región de la sierra hidalguense. De nada de esto debe responsabilizarse a los inconformes (como se escucharon voces entre la población), sino al gobierno que nada hace por atender y resolver las necesidades de la población a pesar de sus reiteradas promesas.
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