En los últimos años, México ha sido testigo de un cambio significativo en la implementación de políticas sociales. El gobierno de Morena, en su afán por combatir la pobreza, ha optado por una estrategia basada principalmente en transferencias monetarias directas.
Sin embargo, esta aparente solución podría estar sembrando las semillas de problemas más profundos y duraderos para el país.
De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en 2022, alrededor del 35 % de los hogares mexicanos carecía de al menos uno de los servicios básicos considerados indispensables: agua entubada, drenaje o electricidad. Esto significa que aproximadamente 11.5 millones de familias viven en condiciones precarias, sin acceso a infraestructuras esenciales para una vida digna.
Mientras millones de mexicanos siguen sin acceso a servicios básicos y la pobreza persiste, la estrategia de entregar dinero en efectivo se revela como solución superficial y potencialmente dañina.
Paralelamente, las cifras de pobreza en México siguen siendo alarmantes. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) reportó que, hasta 2022, el 43.9 % de la población mexicana, es decir, cerca de 55.7 millones de personas, vivía en situación de pobreza. De estos, 17.4 millones se encontraban en pobreza extrema.
Frente a esta realidad, el gobierno de Morena ha implementado una serie de programas de transferencias monetarias. Según datos oficiales, para 2023, más de 25 millones de mexicanos recibían algún tipo de apoyo económico directo del Gobierno federal.
Entre los programas más destacados se encuentran la pensión para adultos mayores, las becas para jóvenes (conocidos coloquialmente como “ninis”) y las ayudas a estudiantes.
A primera vista, estos programas podrían parecer una solución rápida y efectiva para aliviar las carencias inmediatas de la población. Sin embargo, un análisis más profundo revela los peligros inherentes a esta estrategia.
En primer lugar, la entrega de dinero en efectivo, sin abordar las causas estructurales de la pobreza, crea una dependencia perniciosa del Estado. Los ciudadanos se acostumbran a recibir ayudas sin que se generen las condiciones para su desarrollo autónomo y sostenible. Esto puede conducir a un círculo vicioso de pobreza y asistencialismo que se perpetúa generación tras generación.
Por otro lado, al priorizar las transferencias monetarias sobre la inversión en infraestructura y servicios básicos, el gobierno está hipotecando el futuro del país.
La falta de acceso a agua potable, sistemas de saneamiento adecuados o electricidad confiable no solo afecta la calidad de vida de los ciudadanos en el presente, sino que también obstaculiza el desarrollo económico y social a largo plazo.
Tomemos como ejemplo el caso de las zonas rurales. Mientras que una familia puede recibir un apoyo económico mensual, la falta de inversión en carreteras, escuelas o centros de salud limita severamente sus oportunidades de progreso.
El dinero recibido puede aliviar temporalmente algunas necesidades, pero no resuelve los problemas estructurales que mantienen a estas comunidades en la marginación.
Además, esta política fomenta una cultura de cortoplacismo y dependencia. Los jóvenes que reciben becas sin que exista una mejora paralela en la calidad educativa o en las oportunidades laborales pueden verse atrapados en un limbo de subempleo y falta de perspectivas. El apoyo económico se convierte así en un paliativo que enmascara, pero no resuelve, las deficiencias del sistema.
Es importante señalar que no se trata de eliminar por completo los programas de asistencia social, sino de reorientarlos hacia un enfoque más integral y sostenible. La inversión en infraestructura y servicios básicos no solo genera empleos a corto plazo, sino que sienta las bases para un crecimiento económico sostenido y una mejora real en la calidad de vida de la población.
El Gobierno de Morena, al optar por la vía fácil de las transferencias monetarias, está desaprovechando una oportunidad histórica para transformar estructuralmente al país. En lugar de crear ciudadanos empoderados y autosuficientes, se está fomentando una sociedad dependiente y vulnerable a los vaivenes políticos.
Mientras millones de mexicanos siguen sin acceso a servicios básicos y la pobreza persiste como un problema endémico, la estrategia de entregar dinero en efectivo se revela como una solución superficial y potencialmente dañina.
México necesita una política social que combine de manera inteligente la asistencia inmediata con inversiones a largo plazo en infraestructura, educación y salud. Sólo así podremos aspirar a un desarrollo verdaderamente inclusivo y sostenible, que rompa de una vez por todas con los ciclos de pobreza y marginación que han aquejado al país durante décadas.
0 Comentarios:
Dejar un Comentario