De manera histórica y estructural, México ha enfrentado los dilemas de una economía que no crece y que día a día se concentra en pocas manos y los efectos de ello se manifiestan en las condiciones de vida del pueblo trabajador, una mayoría que padece severas condiciones de pobreza o insuficiencia de recursos para tener una adecuada calidad de vida.
El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), en los resultados de la medición multidimensional de la pobreza para los municipios de México, de 2 mil 466 municipios 60 tienen porcentajes de población de pobreza por debajo del 20 por ciento. En contraste, hay 629 municipios con más de 80 por ciento de población en pobreza, y 706 en los que el porcentaje se ubica entre 60 y 80 por ciento. En el municipio de San Rafael, la pobreza aún alcanza a 17,380 personas que equivale a un 56.1 por ciento y la pobreza extrema impacta al 7.1 por ciento de la población.
Estamos ante un escenario de enorme pobreza; el INEGI estimó que en en todo Veracruz hay 1.21 millones de viviendas (aproximadamente 4.8 millones de personas) que no disponen de agua entubada; ciertamente el 96.8 por ciento de las casas habitadas disponen de energía eléctrica al interior de sus instalaciones, eso ya no es un obstáculo para equipar a los hogares con electrodomésticos como por ejemplo el refrigerador, pero sí para 4.2 millones de viviendas (16.8 millones de personas) que carecen de este aparato en estos tiempos de calor y para guardar sus alimentos (suponiendo que tienen suficientes), pero ahora el problema radica en que no hay la posibilidad de pagar el consumo mensual de electricidad. Ante la posibilidad de una mayor escasez de energía eléctrica en el país, México debe marchar hacia una nueva lógica de generación de energías limpias y no fosiles.
La Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG), evalúa el desempeño de los gobiernos locales para dar cumplimiento efectivo al mandato de la constitución en las funciones que tienen que atender en beneficio de cada habitante. Sólo el 53.7 por ciento de la ciudadanía está satisfecha con los servicios de agua potable, en drenaje y alcantarillado solamente el 45.6 por ciento, de alumbrado público 40.5 por ciento, en calles y avenidas el 25.1 por ciento, en el servicio de energía eléctrica el 75.4 por ciento, parques y jardines públicos 40.8 por ciento y con la policía el 25.3 por ciento, pero esta última solo genera sensación de seguridad en el 31.2 por ciento de la población que se dice satisfecha con su servicio.
Con base en la percepción y grado de insatisfacción de la ciudadanía con los servicios que recibe de sus gobiernos municipales, su implementación ha sido por demás deficiente.
Las políticas de desarrollo municipal son muy poco eficaces, poco se va logrando la reducción de las brechas entre ricos y pobres; por el contrario, se debe avanzar de manera seria hacia la construcción de un nuevo modelo económico superior y más justo, donde exista empleo para todos y bien pagado, reorientación del gasto social y una política fiscal progresiva; y donde se permita que los municipios cumplan con las funciones sustantivas, pero también otras urgentes en materia de salud, deporte, cambio climático y otras que no pueden posponerse más.
Un servidor público, que comprende a cabalidad su investidura, no tomaría jamás la crítica como un ataque personal; eso implicaría creer que el Estado es ella o él. Por el contrario, daría cause a un debate institucional de altura, dirigido a justificar, de cara a la ciudadanía, la racionalidad o lógica de sus decisiones y acciones y, con capacidad autocrítica, explicar por qué hay áreas en las que no se han tenido buenos resultados.
Autoritariamente no pocos gobernadores y presidentes municipales se niegan a atender y resolver las demandas de sus ciudadanos organizados o comunidades unidas, escudándose en el argumento novedoso e irrefutable de que, “ya no estamos viendo nada con liderazgos, si algún ciudadano necesita algo, puede acudir conmigo a título personal”. Así lo refirió, por ejemplo, el alcalde de San Rafael Héctor Lagunes Reyes el pasado 04 de agosto, cuando un grupo de padres de familia junto con sus niños del club de futbol FNERRR solicitaban al ayuntamiento que él preside, material deportivo, uniformes y becas para su entrenador, ya que el club no cobra ni un solo centavo por el entrenamiento; y para hacer efectivo la petición de audiencia pública, para dar seguimiento al pliego petitorio donde se plasman las obras, servicios y acciones de escuelas, comunidades, colonias populares y ejidos del mismo municipio.
No hay que pensar mucho para descubrir la falacia de semejante argumento, pero hay algo más de fondo en el rechazo a las organizaciones populares. Es bien sabido que la idea de permitir en serio la libre organización, la libre manifestación y la libre y efectiva participación de las masas en la vida pública de la sociedad, ha sido vista como un peligro a los intereses de las clases privilegiadas de todas las épocas y lugares. Esto se puede documentar, al menos desde la Atenas de Pericles, siglo V a. C.
Se sabe que cuando la nación norteamericana, recién independizada de Inglaterra (1776), se disponía a elaborar su Constitución Política, James Madison y Thomas Jefferson, cabezas del liberalismo, advirtieron que sería erróneo y peligroso crear un sistema que pusiera el poder de la nación en manos de las masas. La masa, argumentó Madison, es ignorante, impulsiva, irresponsable y, por tanto, con el poder en las manos, destruiría todo lo construido con absoluta inconsciencia. En plena Revolución Francesa, alarmada la burguesía por los intentos de una clase obrera en ascenso para organizarse en defensa de sus legítimos intereses gremiales, hizo su aparición el abogado Le Chapelier (“ley Le Chapelier”) con la propuesta, de sancionar con la pena de muerte a todo “agitador” que tratara de organizar a los trabajadores en contra de sus patrones, con el fin de obligarlos a conceder beneficios “excesivos” abusando de su número. Finalmente, Nietzsche este filólogo y filósofo alemán de fines del siglo XIX (murió en 1900) establece, que “todo movimiento social, nivelador y democrático, produce tanto la mediocridad como una decadencia valorativa de la humanidad, porque lleva a la pérdida de los instintos básicos de crecimiento y superación” (“Los profetas y el mesías” de Francisco Gil Villegas). La decadencia de la humanidad entera es consecuencia, según esto, de los esfuerzos de las masas por mejorar sus condiciones de vida, acercándose con ello a los estratos “superiores” y arrastrándolos inevitablemente hacia abajo. Dedicó sus mejores esfuerzos a denigrar a las masas y a resaltar, por contraste, al hombre superior, creador y transformador gracias al cual las sociedades avanzan y se elevan a alturas insospechadas.
Salta a la vista que la línea del alcalde de San Rafael o la que le están dictando desde los altos mandos del poder político del estado y del país, sobre no tratar con organizaciones, reside solo en la ignorancia supina de quienes lo afirman. Pero lo más importante es que queda demostrado que el odio hacia la lucha defensiva de las masas ha sido siempre, y es hoy también, bandera de los privilegiados, de quienes concentran la riqueza y, por necesidad lógica evidente, también el poder político. ¿Cómo se explica, entonces, que el gobierno municipal, que tiene por lema “Sigamos Construyendo Comunidad”, despliegue tal hostilidad, en contra del derecho de los padres de los niños y de los vecinos de distintas colonias y comunidades a organizarse y defenderse de los abusos en su contra?, ¿Se identifican con el hombre superior de Nietzsche, y creen que les está reservada la elevación de la humanidad, dosificando rigurosamente las conquistas del pueblo trabajador para evitar ser arrastrados por ellos? ¿O lo que realmente buscan es mantener y reforzar el statu quo y las masas organizadas, entonces, resultan un estorbo y un peligro para sus fines?
La respuesta queda en sus manos, amigo lector y a final de cuentas, la mejor manera de defender a una administración es a través de su capacidad de cumplir con el mandato constitucional.
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