Chetumal. - Combatir y eliminar la desigualdad social y económica en razón de género, así como elevar a rango de la constitucional local el reconocimiento del derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia, fueron algunos de los temas que la Decimoséptima Legislatura del Estado discutió, aprobó y adicionó en la Constitución Política de Quintana Roo.
Con esta acción legislativa, se pretende contribuir a mejorar el acceso a la salud, la alimentación, el empleo o la vivienda de las mujeres y sus familias que habitan en el estado, “priorizando a las mujeres que se encuentren en situación de vulnerabilidad”.
Sin embargo, los congresos locales y federal muchas veces son como una fábrica de leyes y es una tendencia nociva cada vez más evidente el medir o evaluar el número de leyes que se aprueban y que se aplique a la realidad, “he aquí donde el puerco torció el rabo porque no existen los mecanismos para dar seguimiento a los derechos sociales discutidos y aprobados”, expuso la señora Yuri Angélica Itza Ek, vecina de la colonia La Esperanza, ubicada en la ciudad de Chetumal.
“Ésta como muchas otras leyes traen muchas expectativas a la ciudadanía; unos con la esperanza de solucionar o disminuir los efectos del problema social que viene a regular, y otros más escépticos esperan resultados esperados”, asestó Itza Ek.
Agregó que muchas veces estas leyes aprobadas para atender las carencias sociales, nacen con “letra muerta”, porque precisamente como siempre, carecen de presupuesto y se vuelven ineficaces en su aplicación.
Los “legisladores del pueblo”, como sueles autoproclamarse y más en tiempos electorales, además de crear o derogar leyes, a favor de las mayorías deberían también implementar medidas radicales pertinentes para vigilar su ejecución, en el entendido de que “son pensados para erradicar las desigualdades e injusta distribución de las riquezas, no para afectar más a los que viven al día, los de a pie”, concluyó la señora Yuri Itza.
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