La sociedad siempre ha estado en un cambio constante; podemos hacer comparativos a partir de la Segunda Guerra Mundial a la actualidad. Partiendo de ello, son notorios los cambios que ha tenido el mundo; expansión territorial y aumento en población de diferentes países y sus ciudades, unos más que otros, pero todo ello demuestra el constante cambio que se presenta.
Un crecimiento en la población y una expansión de ciudades trae consigo consecuencias que repercuten en la sociedad, que al final se vuelve un problema social por las consecuencias que estos presentan; sobrepoblación, pobreza, desigualdad, etcétera.
Estos traen como efecto muchos males que afectan el bienestar social, y quiero referirme a uno en concreto: la inseguridad, el aumento de la violencia en todo sentido de la palabra.
En nuestro país, la inseguridad se ha venido agudizando en los últimos años; crimen organizado, secuestros, asaltos, homicidios, entre otros, encabezan la lista. Cada mal debe ser erradicado o en su caso, debe ser controlado. Como con las enfermedades, hay casos que se pueden curar y otras sólo controlar: así mismo pasa con este mal social, y con este ejemplo podemos tratar de deducir quién o quiénes pueden ser los doctores para controlar este mal en nuestro país, que cada día enferma más.
El Gobierno tiene la obligación de ser este doctor, sólo que se requiere de intención y llevarlo a cabo. Mencionaba en renglones anteriores que en los últimos años el problema se ha agravado y precisamente al Gobierno que tenemos le compete atenderlo.
Enfocaré este tema en uno de los 32 estados de nuestro país: Campeche. El crecimiento de la inseguridad ha rebasado la realidad y al mismo plan de Seguridad en este estado; datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) lo demuestran y en la realidad podemos verlo. La percepción de seguridad en el estado de Campeche aumentó de 35 % a 69 %, con base en lo que miles de campechanos ven y viven a diario. Estos porcentajes corresponden al antes y después de los actuales sexenios, tanto federal como estatal.
De los municipios más grandes con mayor percepción de inseguridad, y según datos de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) correspondiente al tercer trimestre de 2023, destacan Ciudad del Carmen con 57.1 % y Campeche con 55.9 %, aunque no se excluye al resto del estado, donde la inseguridad también ha tenido su aumento.
En los últimos días, las ejecuciones en la capital han sido tema de noticia, pues en esta parte del estado, nunca antes se había hablado de casos como los de ahora.
El Gobierno tiene la obligación de ser el doctor que cure la enfermedad de la inseguridad, que en los últimos años se ha agravado
Y es cierto: es un efecto del constante cambio, pero el Gobierno tiene la obligación de controlarlo. En las tareas de un estado, este debe ser prioridad para mantener la paz y el bienestar social. Dicho en otras palabras, la seguridad ciudadana es el proceso de establecer, fortalecer y proteger el orden civil democrático, eliminando las amenazas de violencia en la población y permitiendo una coexistencia segura y pacífica.
La voluntad de echar a andar un plan de Seguridad Nacional y darle prioridad antes que a obras “trascendentes” (Tren maya, Refinería Dos Bocas) no existe; desde la designación de recursos (o los recortes) hasta los planes de amnistía y de “abrazos, no balazos”. Esto, por parte del Gobierno federal.
Ahora bien, el mismo caso se presenta para Campeche: la ineficacia por parte de las autoridades al frente del Gobierno y de la dependencia encargada de brindar seguridad se demuestra en el incremento de los números en contra. La realidad nos demuestra esta falta de priorización.
Para que un plan se ejecute con perfecta eficiencia debe ir acorde con una inversión proporcional y hasta visionaria, para darle el impulso positivo y se lleve a cabo; eso hizo falta en Campeche, una mayor inversión. En 2022, se utilizaron 764.1 millones de pesos, por lo que a nivel nacional es la sexta entidad que menos invierte para combatir la inseguridad.
Estamos entre los diez que menos recursos usó en las instituciones de Seguridad Pública estatales; información dura de aceptar, pero ahí está, y es de acuerdo con el reporte del Censo Nacional de Seguridad Pública Estatal (CNSPE) 2023, publicado el 28 de septiembre del año en curso por el Inegi. En efecto, sólo son intentos deficientes de querer ayudar al enfermo: se limitan a mínimo darle paracetamol.
Es preocupante viniendo de los que pueden hacer algo inmediato y eficiente para contrarrestar el problema; tienen los recursos, los mecanismos, pero sólo se hacen de la vista gorda, como se dice por ahí. Si revisamos las noticias locales nos damos cuenta de las prioridades que tienen, tanto la Secretaría de Seguridad Pública, como el fiscal, persecuciones políticas, impedimento de dar permisos a vendedores, multas a automovilistas que por alguna razón económica no están al día con el reglamento, etcétera. Mientras, la ola de violencia se ha disparado en todo el estado; ahí están los datos fiables que coinciden con lo que vemos y vivimos.
Campechanos, es necesario que analicemos la situación en la que estamos, que reflexionemos sobre si las cosas están bien con este Gobierno que prometió un cambio progresivo. En este ámbito no están haciendo nada, al contrario, sólo se está empeorando.
Este tema sí tiene solución: la enfermedad puede ser controlada y hasta erradicada, pero depende de nosotros. En estas elecciones, hay que exigir seguridad y deberemos exigir que no vayan a quedar en promesas, en lo inmediato. A largo plazo podemos y debemos organizarnos, para así ser los doctores que podamos curar desde la raíz este mal. Queda en ustedes, en todos nosotros.
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