La administración actual, encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, ha implementado políticas sociales con la intención de beneficiar a los sectores más desprotegidos de la población, especialmente a los jóvenes.
Sin embargo, los resultados de programas como Jóvenes Construyendo el Futuro y las Becas Benito Juárez han demostrado ser insuficientes para abordar los problemas estructurales que afectan a la juventud mexicana.
Contrario al optimismo desbordado de los funcionarios de la 4T, diversos organismos gubernamentales, analistas y economistas prestigiosos han desmentido este entusiasmo infundado.
La promesa del programa Jóvenes Construyendo el Futuro de conseguir empleo formal para los jóvenes no se ha cumplido, ya que actualmente hay un 3 % menos de jóvenes empleados registrados en el IMSS.
A pesar de la inversión de 95 mil millones y 345 mil millones de pesos en los programas mencionados, respectivamente, no se ha logrado un impacto positivo significativo en la tasa de empleo ni en la continuidad educativa de los jóvenes.
El desempleo en la población de 15 a 25 años sigue siendo del 5.7 %, más del doble de la media nacional. Además, el 67 % de los jóvenes trabaja en la informalidad, una cifra alarmante que supera la tasa general del 55 %.
La promesa del programa Jóvenes Construyendo el Futuro de conseguir empleo formal para los jóvenes no se ha cumplido, ya que actualmente hay un 3 % menos de jóvenes empleados registrados en el IMSS en comparación con diciembre de 2018.
Los datos sobre la pobreza entre los jóvenes también son desalentadores. Según Julio Boltvinik, el 86.7 % de los menores de edad vive en condiciones de pobreza, una cifra que contrasta con el 58 % de los adultos mayores.
La desigual distribución de los recursos destinados a transferencias monetarias, con el 71 % dirigido a personas mayores de 65 años y solo el 6.5 % a menores de edad, refleja una priorización que no corresponde con la necesidad de combatir la pobreza juvenil.
La situación en el sector educativo no es mejor. A pesar de la inversión de 345 mil millones de pesos en becas, la matrícula en educación primaria y secundaria ha disminuido, y las oportunidades de acceso a la educación superior siguen siendo limitadas.
La UJED en Durango, una de las principales universidades de la entidad, solo admite a una pequeña fracción de los aspirantes, dejando a muchos jóvenes sin la posibilidad de iniciar una carrera universitaria.
Frente a esta realidad, es imprescindible que los jóvenes tomen la iniciativa y se organicen. La lucha por una educación y empleo dignos no puede depender únicamente de las políticas gubernamentales, sino que debe ser impulsada desde la base por aquellos que viven las consecuencias de estas deficiencias.
Organizaciones juveniles y colectivos estudiantiles tienen un papel crucial en esta batalla. La educación política y la concientización son herramientas poderosas para movilizar a más jóvenes y construir un movimiento sólido que exija cambios estructurales.
Es necesario seguir educando, organizando y politizando a la juventud para que se conviertan en agentes activos de cambio.
La conclusión es clara: la lucha debe continuar. Los jóvenes deben unirse, levantar la voz y exigir sus derechos. Solo a través de la organización y la acción colectiva se podrá enfrentar la inacción del gobierno y construir un futuro más justo y equitativo para todos.
Es momento de dejar de esperar soluciones desde arriba y comenzar a construirlas desde nuestras comunidades. La juventud tiene el poder de transformar la realidad, y es su responsabilidad asumir este desafío con determinación y valentía.
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